Por unanimidad, con 478 votos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 123 constitucional para garantizar el aumento anual del salario mínimo por encima de la inflación.
Establece asimismo que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la fuerza armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual no inferior al salario promedio registrado ante el IMSS, equivalente a 16 mil 777 pesos en 2024.
De acuerdo con el dictamen, el impacto presupuestal sobre el erario 39 mil 864 millones de pesos al año derivado de la homologación del salario de los servidores públicos con el de los trabajadores registrados ante el Seguro Social.
Tras su aprobación, la Mesa Directiva turnó la tercera reforma constitucional de la actual legislatura al Senado para su discusión y eventual ratificación.
Al fundamentar el proyecto en tribuna, el legislador morenista, Pedro Haces, sostuvo que la reforma beneficiará a millones de trabajadores.
“Esta reforma que se aprecia en el dictamen hará que México se consolide como un país atractivo, de inversión, para capacidad de sus trabajadores, no a partir de la precarización de salarios y condiciones laborales”, dijo.
Detalló que el ingreso promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS ronda los 16 mil 777 pesos mensuales, pero los salarios de docentes de nivel básico, policías, guardias nacionales, miembros de las fuerzas armadas, así como médicos, enfermeras y enfermeros son hasta ahora notoriamente inferiores.
“Las y los docentes percibían aproximadamente 12 mil 500 pesos promedio mensual; los guardias y policías, 6 mil 800; el personal de enfermería del Seguro Social, entre 5 y 10 mil pesos, y el personal médico entre 9 mil y 12 mil pesos en promedio mensual”, dijo.
Por el PAN, el diputado Alonso de Jesús Vázquez subrayó que ha llegado el momento de saldar la deuda con los trabajadores cuyos salarios se han depreciado por la inflación, así como con policías, nuestras enfermeras y nuestros enfermeros, nuestros médicos, maestras y maestros.
“Esta reforma no es necesaria, es urgente para minimizar el gran daño que se les ha hecho a las familias mexicanas. El salario determina la calidad de vida de millones de mexicanos y la inflación erosiona el poder de vivir bien con nuestras familias. Esto no es solamente una cuestión económica, es un imperativo moral, es una cuestión de dignidad”, remarcó.
En representación del PRI, la legisladora Graciela Ortiz expresó el respaldo de su fracción a la reforma como un avance en materia de salario justo, pero llamó a las autoridades a controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
“Este gobierno debe garantizar el control de la inflación para que esta inflación no limite o menoscabe el otorgamiento de un salario mínimo superior. Esa es una solicitud enfática que le hace el grupo parlamentario del PRI al gobierno actual. Con ello, con el control de la inflación, se garantizaría que el salario mínimo no solo sea una cifra económica, sino un verdadero instrumento de protección social”, subrayó.