Un Tribunal Colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta que un juez de Distrito resuelva si concede la suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.
La Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos había presentado un recurso de queja contra la suspensión provisional otorgada por un juez en el amparo que tramitó para evitar la discusión y aprobación de la reforma judicial en las cámaras de Diputados y Senadores.
Los magistrados del colegiado consideraron procedente modificar la resolución del juez y otorgarle a la asociación la medida cautelar, ya que la publicación y entrada en vigor de la reforma podría ocasionar daños y perjuicios de imposible reparación.
La reforma judicial busca «desaparecer el Poder Judicial de la Federación como fue establecido por el Poder Constituyente en la Carta Fundamental», según señalaron los magistrados.
El Tribunal Colegiado rechazó la solicitud de la fundación para que se pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción, ya que se están analizando cuestiones relacionadas con la suspensión provisional, las cuales deben resolverse dentro del plazo legal de 48 horas.