La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma presidencial que eliminará siete órganos autónomos, con 22 votos a favor y 17 en contra.
La oposición acusó al oficialismo de «destruir instituciones» y «regresar décadas» en materia de derechos humanos y contrapesos al poder.
La reforma prevé la desaparición de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Sus funciones serán absorbidas por dependencias federales como las secretarías de la Función Pública, Economía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Energía y Educación Pública.
El bloque oficialista defendió la medida como una «simplificación orgánica» para ahorrar recursos y evitar duplicidad de funciones. Argumentaron que los organismos autónomos han incurrido en corrupción y han sido utilizados para favorecer intereses privados.
La oposición, por su parte, anunció que impugnará la reforma ante la Suprema Corte por considerarla violatoria de derechos humanos y compromisos comerciales. Calificaron la decisión como un «viernes negro» para la democracia mexicana y acusaron al oficialismo de dar luz verde a la «destrucción de instituciones» del Estado mexicano.
Los legisladores de la oposición también convocaron a los diputados del bloque oficialista a unirse a «la resistencia» y utilizar su criterio propio en lugar de seguir los mandatos presidenciales. La tensión y las acusaciones mutuas de corrupción fueron constantes durante el debate, que duró más de seis horas.
