La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, definió que la Comisión no determina si el exfiscal Luis Ángel Bravo es responsable de los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado, eso es facultad de una juez.
Luego de que la Fiscalía aceptara la recomendación 68/2019, por la detención ilegal de Bravo Contreras en junio de 2018, dijo que la Comisión lo único que puede hacer es analizar si efectivamente las autoridades violaron o no derechos humanos, lo que ocurrió en este caso.
Confirmó que elementos de la Policía Ministerial, al momento de ejecutar la orden de aprehensión en contra el exfiscal, violaron la suspensión provisional dictada a su favor por el Poder Judicial de la Federación.
En ese sentido, una vez que solicitaron los informes a la Fiscalía y se allegaron del material probatorio, determinaron que, efectivamente, dicha suspensión provisional había sido violada, por lo que incumplieron con el derecho a la protección federal y a la libertad personal.
“La Comisión no puede dejar de conocer de los hechos y determinar si hay violación porque previamente haya un juicio social en torno de un individuo. Nuestra obligación constitucional la vamos a cumplir trátese de quien se trate”, aseveró.
