Al comparecer ante los diputados locales, la encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Guiadáns, afirmó que no la mueve ningún “revanchismo”, solo la convicción de servirle a Veracruz.
Aseguró que en el organismo autónomo se han superado resistencias, pero siguen venciendo inercias.
Sostuvo que en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, ha puesto a la Fiscalía al servicio de la población veracruzana.
Afirmó que han devuelto la institución a la sociedad, dejando atrás arrogancia, prepotencia, indiferencia, desatención, simulación, en fin todo aquello que no debe existir para procurar justicia.
“No tengo militancia partidista, ni obedezco a complicidades de grupo. No soy abogada de una sola familia, sino de todas y todos los veracruzanos. Pueden tener la confianza de que la procuración de justicia está en buenas manos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque, es castigado sin distingos”, aseveró.
Asimismo, manifestó que el Veracruz de hoy, vive la premisa juarista: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.”
Detalló que durante 2019 se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales.
A cuatro meses lograron abatir ese rezago en el registro de la información en un 96 por ciento, quedando pendientes de registro únicamente 498 carpetas, además se ha logrado la determinación de 32 mil 311 de esos asuntos, que incluyen la judicialización, de 3 mil 299 carpetas, “así se ilustra el antes y el después que vive la procuración de justicia en Veracruz”.
Se privilegió el seguimiento del rezago histórico, cifra que no se tenía identificada y que aún hoy siguen actualizando.
Al cierre del 2019 han contabilizado un total de 49 mil 729 expedientes, abundó y añadió que se ha establecido un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, lo que antes no se realizaba, para con ello tener una mayor certeza de las vinculaciones a proceso, abatiendo los márgenes de la impunidad.
“Es muy importante destacar que, aún cuando hemos ingresado a los sistemas oficiales el rezago detectado, la incidencia de los delitos de mayor impacto en el periodo de los últimos 4 meses, no ha crecido”, destacó.
Al llegar al cargo encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de $33.6 millones de pesos; un total de $3.8 millones de pesos sin comprobar de fondo revolvente; un pasivo por más de 251 millones de pesos, a favor de diversas instancias como son: SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.
Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; cantidad de personal de ayudantía asignada a altos mandos, en casos hasta con 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos excesivos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales; personal que no cubre el perfil de puestos autorizados; personal que cobraba sin presentarse a laborar en áreas administrativas.
En ese sentido, aseguró que en todos los casos, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite, a los procedimientos y denuncias a que haya lugar.
Hernández Guiadáns aseveró que desde que llegó al caro se evidenció: reclamo legítimo por parte de los diferentes colectivos de desaparecidos, mala atención, falta de seguimiento a acuerdos, en suma, no había el acercamiento por parte de la Fiscalía; los instrumentos para propiciar la difusión de personas desaparecidas, eran insuficientes, de deficiente actualización, y con datos que no abonaban a incrementar la localización.
Asimismo, deficiente integración de las carpetas, falta del protocolo, incumplimiento en diligencias básicas y de formalidades que marca el procedimiento, tiempos perentorios legales agotados, y la falta de una revisión y seguimiento periódico.
Subrayó que se encontró un desorden en el área encargada de la práctica pericial, por lo que instruyó las medidas pertinentes, descubriendo con ello que los registros contabilizaban un total de 952 cuerpos no identificados, número que se incrementó a 1,044 al cierre del año, derivada de la depuración y reestructuración en el departamento de identificación humana.
Añadió que en el periodo de septiembre a diciembre, se identificaron 39 cuerpos, 9 de ellos mediante la aplicación del cuestionario am (ante-morten), sin hacer uso de pruebas de ADN
“Esas prácticas encubrían corrupción demostrable, al amparo de una impunidad que desde la titularidad se fomentaba”, añadió.
Desde su llegada, dijo que se ha iniciado el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019 y es significativo informar que al 31 de diciembre la investigación y el trabajo arrojó que 588 personas ya habían sido localizadas, quedando únicamente 652 personas por localizar.
En dicho periodo se activaron 68 cédulas de Alerta Amber y se recuperaron 54 niñas, niños y adolescentes, además, se solicitaron 4 colaboraciones con Alerta Amber México.
Respecto del delito de feminicidio, comentó que como resultado de la aplicación del protocolo para su clasificación, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente un total de 100 carpetas de feminicidio, las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio, muerte por omisión de cuidado, entre otros.
