Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado de México aprobaron de manera unánime, con 47 votos a favor, la reforma al inciso “A” de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la extorsión.
El dictamen faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión, lo cual representa un cambio de fondo en la estrategia para perseguir este delito y busca establecer un marco homogéneo a nivel nacional.
Actualmente, la tipificación de la extorsión, sus agravantes y las penas varían entre estados, lo que ha abierto espacios para la impunidad. La reforma obligará a los poderes estatales a adherirse a una legislación nacional, con penalizaciones y mecanismos de atención a víctimas homologados y unificará la respuesta institucional. “Al homologar las sanciones se reducirá la incertidumbre y se dará paso a la certeza y al fortalecimiento del Estado de derecho”, señala el dictamen aprobado en comisiones.
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De acuerdo con el documento legislativo, se establece que la ley debe garantizar progresividad en derechos humanos, fortalecer la justicia y dotar de una mayor capacidad de prevención a las instituciones.
La reforma plantea también implementar una estrategia integral basada en cinco ejes: el primero, generación de detenciones prioritarias a través de procesos de investigación especializados; el segundo, impulso a la creación de unidades locales antiextorsión en todos los estados; el tercero, protocolos diferenciados para brindar atención temprana y eficaz a las víctimas; el cuarto, concentración de las investigaciones a través de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión; y por último, el desarrollo de campañas de prevención a nivel nacional.
Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad, argumentó que la iniciativa responde a una exigencia social inmediata. “La reforma responde a una demanda urgente de la sociedad mexicana, que es la de enfrentar con toda la fuerza del Estado el delito de extorsión”, afirmó. Según la legisladora, este delito “es un cáncer social y una práctica cruel, dañina y extendida que vulnera la tranquilidad de las familias, asfixia a los negocios, amenaza a los trabajadores, erosiona la confianza en las autoridades y fortalece a la delincuencia organizada”.
La aprobación del dictamen representa un paso relevante dentro del proceso legislativo y abre el camino para que el Congreso de la Unión diseñe una legislación única que permita enfrentar la extorsión de manera centralizada. Con ello, México busca estandarizar la persecución, sanciones y prevención de un delito que afecta a miles de personas y empresas en el país.
