-Conmemoran 9 aniversario luctuoso de la reportera de Proceso, critican que gobierno de Morena no reabra caso
Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver
Al conmemorarse el 9 aniversario luctuoso de la periodista Regina Martínez, periodistas protestaron en la plaza Lerdo o plaza Regina para recordar que su asesinato continúa impone.
La reportera Norma Trujillo expresó que este crímen se ha convertido en el «teatro» de la justicia veracruzana, debido a todas las irregularidades e incongruencias que se han presentado desde abril de 2012.
Afirmó que no ha habido una investigación seria, ha habido cuatro fiscales emanados de las distintas administraciones, de distintos partidos y no les ha importado dar con el autor material e intelectual del crimen.
La comunicadora refirió que el 19 de noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir el expediente y esclarecer este homicidio.
«Han pasado cinco meses y el compromiso hecho por el Presidente sólo se ha quedado en palabras. Aquí en Veracruz la fiscal del Estado, Verónica Hernández no se ha pronunciado al respecto, tampoco el gobernador Cuitláhuac García ha exhortado a la fiscal general para que se retome la investigación o pida la atracción del caso a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión que es parte de la FGR», señaló.
«Estamos aquí nuevamente pidiendo justicia porque sigue la impunidad, la complicidad y la omisión siguen presentes. Si el gobierno estatal tiene disposición y voluntad política se puede avanzar en el esclarecimiento del crimen», sostuvo.
Asimismo, criticó el desorden y la falta de seriedad en la indagatoria del Ministerio Público quedó evidenciado cuando el grupo Águila 7 de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) fue enviado a las calles aledañas de la casa de la corresponsal de la revista Proceso.
Y es que durante el patrullaje encontraron a una persona que sustentó la acusación contra El Jarocho y su cómplice Jorge Antonio Silva, alias El Silva, quien ya había sido sentenciado en 2014 a 38 años de prisión por homicidio y robo.
Desde ese momento comenzó la «simulación» sobre la investigación y preguntó quiénes eran los funcionarios que se veían afectados con sus notas, a quiénes denunciaba de corrupción, qué intereses afectaba con cada línea que escribía.
