Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.
Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.
Hasta el 10 de junio de 1971.
En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.
«Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante», le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.
Un grupo paramilitar, llamado los «halcones» y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.
A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron «rematados» en las salas de emergencias de los hospitales.
Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el «halconazo» o la «masacre del «jueves de Corpus», un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como «genocidio», pero por el que nadie fue condenado.
El motivo de la protesta
La protesta del «jueves de Corpus» se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.
Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.
«Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando», señala Ovalle, autor de «Tiempo suspendido», un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.
Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.
En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.
Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.
El inicio del ataque
A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.
Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.
«Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos [antimotines] y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles», explica Ovalle.
Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los «halcones» -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.
Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban «romper» la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.
«Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación», explica Ovalle.
Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.
«Vi que la policía se bajaba [de sus vehículos] para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos», explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.
«Fue una ratonera»
Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los «halcones» fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón «Olimpia» que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.
El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película «Roma», de Alfonso Cuarón, así lo retrata.
Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.
«Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación», explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.
Por su parte, Guerra cuenta algo similar: «Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro», relata.
También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos «hacia la multitud».
Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.
«Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta», explica el historiador.
El «remate» en hospitales
La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.
Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.
«Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego», explica Ovalle.
La acción se calificó como el «remate» de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.
«La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría [el presidente entre 1970 y 1976] tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas», señala Ovalle.
Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.
Un «genocidio» descalificado
El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la «represión» de 1968 «no se justifica y no se entiende», la del 10 de junio «se entiende menos».
«El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo», señaló Hernández a Notimex.
En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.
«Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas», dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó «contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre».
Las autoridades constataron la «existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía».
Pero con el paso de los días, reconocieron que los «halcones» era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.
El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.
50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.
En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por «genocidio».
La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.
Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de «genocidio», sino de «homicidio simple», que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.
Para Ovalle, la matanza del «Halconazo» se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.
«El 71 no fue una repetición del 68», sostiene. «Fue parte de la estrategia contrainsurgente» para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.
«No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas», señala el historiador.
«Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido».
