Orizaba, Ver.- La demolición de dos inmuebles antiguos en la zona centro de Río Blanco encendió la inconformidad ciudadana y abrió la puerta a un posible procedimiento legal, pues se trata de inmuebles que formaban parte del legado histórico ligado a la exfábrica textil de la ciudad.
Autoridades municipales confirmaron que, tras conocer los hechos, acudieron al sitio para detener la obra y colocar sellos de suspensión, con el fin de frenar cualquier otra intervención en el lugar. Aun así, no se descarta que los responsables enfrenten sanciones más severas si insisten en continuar.
Los edificios, ubicados en las inmediaciones de la calle Oriente 2 y Sur 4, eran parte de la arquitectura que data del siglo XIX y que, según investigadores especialistas de la zona, su valor era representativo no solo para Río Blanco, sino para la memoria obrera de toda la región.
De acuerdo con la información recabada de los investigadores, los trabajos de derribo no contaban con dictámenes técnicos ni autorizaciones de instancias competentes al cuidado de los inmuebles históricos en el estado de Veracruz.
Incluso, los encargados de la demolición habrían argumentado tener permisos municipales, aunque hasta el momento no se ha mostrado documento que lo acredite.
El caso ya fue turnado a instancias correspondientes, pues se considera que el o los propietarios actuaron sin la validación necesaria de organismos encargados de proteger el patrimonio cultural. Las primeras notificaciones oficiales se espera que se emitan en los próximos días.
Vecinos entrevistados lamentaron la pérdida de un espacio con fuerte carga simbólica, ya que el municipio ha sido reconocido a nivel nacional por su papel en la historia laboral y las luchas obreras.
En el lugar, además, operaban una cafetería y una tienda de abarrotes, negocios que daban vida a la zona y que ahora quedaron reducidos a escombros junto con la fachada original de las casas.
Cabe señalar que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos contempla sanciones que van de tres a diez años de prisión para quienes destruyan o alteren bienes con valor patrimonial. Las multas pueden ser equivalentes al costo del daño causado.
Dicha legislación busca garantizar la conservación de inmuebles y espacios que son considerados parte de la identidad nacional, al reconocer que la pérdida de estos bienes afecta no solo a la comunidad inmediata, sino a la memoria colectiva del país.
Con el inicio del procedimiento, las autoridades advirtieron que este caso marcará un precedente en la región, ya que se busca frenar cualquier intento futuro de modificar o destruir construcciones con valor histórico sin los permisos que exige la ley.
