El 15 de agosto de 2002, un jueves por cierto, escuché por primera vez durante una reunión con el entonces gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, al hoy presidente del país decir: “la congruencia del gobierno está en la forma en cómo asigna el presupuesto”.
Esta frase la repitió en varias ocasiones en otras reuniones, discursos y conferencias de prensa mientras fue Jefe de Gobierno.
La frase tiene una claridad impecable. Por supuesto, los gobiernos le dan más recursos a lo que creen que es lo más importante (no estoy seguro si para ellos o para sus gobernados, pero ellos dirían que para la nación, lo que sea que eso signifique), es decir, a lo prioritario, y al resto del andamiaje gubernamental (otra palabra que el mismo señor usó mucho) hay que recortarle, hay que dejarlo igual o de plano eliminarle los recursos, depende de la ideología del gobierno en turno, o a sus intereses.
Entonces, si un gobierno le da más recursos al cuidado del medio ambiente y establece políticas públicas dirigidas a ese objetivo, podría ser definido como un gobierno ecologista, por ejemplo, y si el partido político en el poder tiene ese perfil, pues la congruencia es obvia.
En el caso de México, la problemática que desde hace muchos años vivimos tiene muchas aristas, se compone de diversos factores de profunda complejidad, sin embargo hay dos aspectos que quiero abordar superficialmente y considero elementales, puesto que inciden en la vida cotidiana de la población: la salud y la seguridad.
En la época anterior a la pandemia, para hacer una cita en el IMSS en Naucalpan, estado de México, con el médico familiar, tenía uno que acudir a la clínica o hacer una llamada. Lo común es que consiguieras la cita para 2 meses después. Una vez realizada la consulta, si el médico te enviaba a estudios clínicos, la cita para laboratorio la daban para 2 o 3 meses más tarde. Y el día en que te presentabas al laboratorio había una fila de cerca de 300 personas. ¿Por qué estos tiempos tan largos de espera y esas aglomeraciones? porque hay pocos médicos, consultorios, laboratorios, clínicas y hospitales para la cantidad de pacientes que requieren atención todos los días. Esto no es nuevo, ocurre desde hace muchos años y ha empeorado. En otras palabras, al IMSS le hacen falta recursos. No sólo al IMSS, a las instituciones públicas de salud en general.
Algo parecido ocurre con el tema de la seguridad. Y quiero referirme a la procuración de justicia exclusivamente, es decir, las Agencias del Ministerio Público.
Desde hace varios sexenios, uno de los problemas que enfrenta cada Agencia es el mismo: no tiene suficientes agentes, médicos legistas, peritos, policías ni administrativos. Ni siquiera galeras, los espacios son reducidos. Por eso tardan en atenderte horas. Las denuncias, hoy llamadas carpetas de investigación, antes averiguaciones previas, suman cientos al día tan sólo en una entidad federativa como la Ciudad de México, y la mayoría no se resuelven. El rezago es mayúsculo y la impunidad escalofriante. Y estamos hablando sólo de sucesos denunciados. Esto lo han sabido los gobernantes federales y estatales, y las cosas casi no han cambiado. Tampoco ahora.
¿Por qué gobiernos vienen y van, y la situación de las clínicas y de las Agencias del Ministerio Público no ha mejorado sustancialmente? ¿Por qué no se les ha otorgado más recursos? ¿Por qué no se ha construido en los últimos años un número verdaderamente importante de hospitales, clínicas, fiscalías y agencias?
La respuesta es obvia: porque no es prioritario, porque para los gobernantes en turno no es lo importante.
También es cierto que la asignación de recursos no depende sólo del Ejecutivo. Una vez me tocó acompañar a un Procurador de Justicia (estatal) ir al Congreso local a solicitar más recursos. Hay que recordar que el Legislativo también tiene que ver en esto al asignar cada año, es decir, cada ejercicio fiscal, el presupuesto.
Pero se complica aún más: incluso si se aumentara ese presupuesto destinado a salud y seguridad (como muchos gobiernos dicen que lo hacen cada año), no hay certeza de que los dineros realmente se usen para esos fines. La corrupción no lo permite. Se gasta mucho, se hace poco, y también los gobernantes lo saben.
Recuerdo también que López Obrador ha usado el lema: “primero los pobres” desde hace mucho. Y resulta decepcionante que, en estos rubros, donde directamente las acciones inciden en la gente pobre, no se ha hecho prácticamente nada en verdad relevante. Lo cual resulta no sólo contradictorio, sino también sorprendente: son dos “áreas de oportunidad” como dirían los que saben, que de ser realmente atendidas y mejoradas, traería como consecuencia una reacción positiva de la población hacia el gobierno (federal) o gobiernos (estatales). Pero saldría caro por la cantidad de recursos que se requerirían y por otras consecuencias: aumentarían probablemente los índices delictivos, habría más trabajo para jueces y policías, se engrosarían las nóminas de hospitales y fiscalías, se gastaría más, pues, en algo que no puede ser saqueado. Lo triste es que eso no le interesa a los gobiernos ni a los partidos, no al menos a quienes tienen ahora el poder.
Así que si la congruencia del gobierno está en la forma en cómo asigna el presupuesto, pues tal pareciera que quienes solicitamos consulta en el IMSS o vamos a un MP a denunciar un delito, definitivamente no formamos parte de las prioridades. No somos importantes y quién sabe si algún día lo seremos.
VMR, 12 junio de 2020.
