Ciudad de México. Casi un día después de su muerte, el exalcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, ganó este miércoles tres casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por mayoría de ocho votos y uno en contra, el de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el Pleno aprobó tres proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que ordenan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León, en un plazo no mayor a 15 días, dejar sin efecto tres sentencias en las que exigía al municipio aplicar disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado.
Los asuntos fueron resueltos a través de las “Denuncias de incumplimiento por la aplicación de normas o actos declarados en la controversia constitucional 16/2017”, que promovió Fernández Garza.
«El proyecto observa que la determinación del órgano jurisdiccional denunciado desconoce la competencia del municipio para decidir dentro de su ámbito territorial la clasificación de usos del suelo conforme sus propios instrumentos de planeación, en contravención de la autonomía que le reconoce el artículo 115, fracción V de la Constitución Federal, tal conforme lo sustentado en las consideraciones de la sentencia dictada en la controversia 16/2017”, pronunció la ministra ponente.
El conflicto se remonta a 2017, cuando Fernández Garza presentó una controversia constitucional contra el Congreso y el Ejecutivo de Nuevo León para frenar varios artículos de esa ley, argumentando que invadían la autonomía municipal en materia de planeación urbana. En 2021, la Corte le dio la razón y ordenó excluir esas normas del marco jurídico aplicable a San Pedro Garza García.
No obstante, en enero de 2024 el TJA estatal resolvió que el municipio debía acatar dichos preceptos porque no había sido parte de la controversia. Ante ello, Fernández Garza interpuso tres denuncias por incumplimiento de la controversia constitucional 16/2017, acusando la aplicación indebida de normas ya invalidadas.
Al argumentar su postura, la ministra Batres Guadarrama expuso que, a su juicio, el presidente municipal y el síndico segundo de San Pedro Garza García no están legitimados para promover la denuncia de incumplimiento porque la invalidez del artículo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos decretada en la controversia 16/2017 sólo surtió efectos entre las partes y no tuvo efectos generales conforme al artículo 105 constitucional. Por ello, consideró que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León podía aplicar la norma al no haber sido parte de la controversia
“Me parece absolutamente inadecuado y más aún tratándose de temas tan delicados como estos cambios de uso de suelo en el municipio más rico de nuestro país. No me parece que este Pleno esté dándole estos efectos de no obligatoriedad, le ahorramos hasta la controversia constitucional y no sabemos las consecuencias que va a tener para predios específicos en los que estamos desde acá, desde aquí, prácticamente autorizándoles cambios de uso de suelo”, agregó.
La Corte declaró fundadas las tres denuncias del expresidente municipal y ordenó al TJA dejar insubsistentes sobre dichos asuntos las que dictó el 30 de enero de 2024, y resolver en lo que en derecho proceda con base en los criterios del alto tribunal.
