No son tiempos fáciles, porque pesa sobre los poderes que integran el Estado, una larga crisis de credibilidad entre la ciudadanía, que lejos de ponderar positivamente el trabajo que realzamos, lo califica como deficiente y hasta lleno de actos de corrupción”, definió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz.
Durante su primer informe de labores, acompañada del gobernador Cuitláhuac García, señaló que si algo lastima el poder de la República es, cuando el ciudadano, víctima de un delito, clama justicia y ésta, lejos de ser pronta y expedita, se dilata en los tiempos de una burocracia insensible y, peor aún, termina por emitir una sentencia que se aleja de lo justo, motivada por mezquinos intereses.
En las instalaciones del Poder Judicial, manifestó que la existencia en el pasado de un presidencialismo autoritario, lastimó severamente su autonomía y la sequía financiera impidió que se erigiera una infraestructura que dignificara su función.
Fue ahí donde enfatizó que el esfuerzo por dignificar la justicia, paulatinamente se va concretando al construir las ciudades judiciales a lo largo del Estado, de suerte que en poco tiempo se estarán inaugurando cuatro ciudades judiciales más, lo que les permitirá dar un mejor servicio a los ciudadanos.
Romero Cruz afirmó que con los cambios de gobierno y la alternancia política, los poderes se “cimbran” y el Poder Judicial de Veracruz no es la excepción, máxime cuando hace dos años, a una larga implementación de modelos neoliberales, en lo económico y en lo político, los sucedió un nuevo modelo que impulsa lo social, privilegiando a los que menos tienen y exigiendo austeridad en la administración pública, es decir, hacer más con menos.
La recién nombrada magistrada, tras revocar el mandato a Sofía Martínez Huerta, expresó que el Poder a su cargo, asume la responsabilidad de sus actos a través de la Contraloría del Poder Judicial que, fiscalizó, mediante auditoría al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Conciliación, al Consejo de la Judicatura y al Fondo Auxiliar para la impartición de justicia; la aplicación correcta del gasto y los recursos económicos.
“Practicando cuatro auditorías ordinarias y siete extraordinarias en distintas áreas. Aplicó controles internos, aplicando 34 visitas de inspección ordinaria y 4 extraordinarias a las diferentes áreas del Poder Judicial, a fin de auxiliarlos en el correcto funcionamiento y optimización de los recursos disponibles”, reveló.
Aseguró que el “nuevo” Poder Judicial tiene un nuevo reto y gran compromiso de acabar con el rezago, sea por acción u omisión y además, definió que tienen la obligación de implementar métodos más ágiles para acabar con dicho rezago y también para impedir que los juicios se hagan lentos, engorrosos y proclives a la corrupción.
“Construir el nuevo Poder Judicial es una obra colegiada, donde los principios de excelencia, profesionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, imparcialidad y legalidad que nos mandata nuestra propia ley, lejos de ser letra muerta, es agua viva”, expresó y rindió tributo a quienes por años lucharon por abrir los espacios que estaban cerrados por gobiernos autoritarios.
Asimismo, a todos aquellos quienes forjaron en ella ideales democráticos y justicieros y que hoy la guían en la transformación de dicha soberanía.
Pidió a todos los titulares de los poderes del Estado, impulsar unidos y coordinados, un auténtico Estado de Derecho que más allá de darle a cada quien lo que le corresponde: “le demos al pueblo la oportunidad de ser feliz a través de satisfacer su necesidad de justicia”.
