Con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a agosto de 2020 se presentaron un total de 88 mil 906 denuncias por delitos sexuales en el país.
De manera desagregada, el Sistema señala que en el mismo periodo se registraron 21 mil 772 denuncias de violación sexual, 38 mil 339 denuncias por abuso sexual y mil 149 denuncias por aborto.
En ese contexto, Veracruz ocupa el primer lugar nacional por delitos de violencia de género con 529 denuncias de enero a junio de este año, además de que es el séptimo por delitos de violencia familiar con 4 mil 899 denuncias en el mismo periodo.
Es por ello que en el marco del “Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a la par de otras protestas en México, en Xalapa, decenas de mujeres pertenecientes a diversos colectivos, marcharon por las calles e hicieron pintas, principalmente en el viaducto ubicado en el centro histórico.
Poco después del mediodía, jóvenes integrantes del Colectivo Akelarre cerraron el Viaducto para evitar la circulación de vehículos y personas, gritando consignas y portando pancartas en pro del aborto legal, seguro y gratuito.
A diferencia de otras manifestaciones de los grupos feministas, que han vandalizado negocios y bienes de terceros; en esta ocasión elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente del grupo antimotines, así como de la Fuerza Civil, contuvieron en algunos puntos la marcha para evitar que se hicieran desmanes, aunque en unas cuatro ocasiones, desde que salieron del Teatro del Estado, hubo varios conatos de pleito, pero no pasaron a mayores.
Al llegar al Viaducto el contingente permaneció ahí por varios minutos, gritando consignas y, posteriormente, marcharon por la calle Ignacio Zaragoza, pasando frente a la Torre de SSP, luego por la Iglesia del Beaterio, dando vuelta en Primo Verdad para reincorporarse en la céntrica avenida de Enríquez y llegar a la Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno.
La urgencia de los grupos feministas es por la despenalización del aborto para lograr un «verdadero y completo» acceso a la salud de las mujeres,ante un contexto «crítico» de violencia generalizada, especificamente de violencia sexual.
La exigencia es para que el Estado Mexicano cumpla con las recomendaciones internacionales que contribuyan a garantizar los derechos humanos de
las mujeres; modifiquen las legislaciones contrarias al derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de lasmujeres.
Evitando que las modificaciones a las legislaciones y normativa sean regresivas.
Asimismo, se garanticen la aplicación de la Norma 046 sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres; capaciten adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, incluida la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
De la misma manera, eviten que la objeción de conciencia ponga en riesgo la vida y salud de las mujeres, niñas y adolescentesque requieran la ILE luego de haber sido objeto de violencia sexual.
La prevención de los embarazos en niñas y adolescentes; la educación sexual integral y la disponibilidad de métodos anticonceptivos, entre otras tareas, que siguen siendo un reto y obligación del Estado, así como poner fin a la discriminación contra todas las mujeres, niñas y adolencentes, particularmente en las zonas rurales de México.
«Por ello no cesaremos hasta que nuestros derechos sean cabalmente ejercidos y garantizados. Los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo un pendiente con las mujeres en México y continuaremos trabajando a favor del aborto
legal y seguro ¡Hasta que sea ley!», se expresa en el comunicado emitidos por los diversos colectivos y organizaciones.
Los colectivo recordaron que en el marco de la evaluación al Estado mexicano realizada en julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la ONU manifestó su preocupación por las “disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen enpeligro su salud y su vida”.
Ante ello, recomendó a México derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las niñas, y armonice las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y violencia contra las mujeres”.
Asimismo, recomindan que ponga mayor empeño en acelerar laarmonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto.
También señalan que pese a las recomendaciones internacionales, las políticas públicas y acciones que garanticen el derecho a la salud de las mujeres aún quedan pendientes.
Es por ello que las organizaciones y colectivos en defensa dela salud sexual y reproductiva de las mujeres en México estarán atentos a las resolución del amparo sobre Veracruz.
«La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver sobre el deber de cumplimiento de las autoridades sobre obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificando, como lo viene sosteniendo en su jurisprudencia, el derecho a abortar de las mujeres y personas con capacidad de gestar», cita el amplio texto.
Se refiere al mismo tiempo que en la demanda de amparo no se cuestionó que haya una omisión legislativa como se entiendenormalmente en la Suprema Corte, sino que por las expresiones y argumentos que se sostuvieron, la cuestión efectivamente planteada es el desacato o incumplimiento a la obligación de adecuar la ley a loque exigen los tratados de derechos humanos.
Es decir, que la SCJN tiene en sus manos la posibilidad de ratificar que todos los poderes del Estado deben cumplir con lo que establecen la CEDAW y la Convención de Belém do Pará y particularmente llamar a que el Poder Legislativo cumpla con su obligación constitucional de modificar las leyes que no sonrespetuosas de los derechos humanos de las mujeres y de sancionar nuevas legislaciones que sí respeten el bloque de convencionalidad.
Dicho comunicado es firmado por Católicas por el Derecho a Decidir A.C., Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C./MEXFAM, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Red Nacional de Periodistas de Veracruz); Marea Verde Altas Montañas; Marea Verde Totonacapan; Marea Verde Veracruz-Boca del Río; ProSalud Sexual y Reproductiva, A.C; Pro-Mujeres Veracruz; entre muchas otros.
