Ven inminente la interposición de amparos, lo cual suspendería la aplicación de los cambios a la ley hasta que no se pronuncie la Suprema Corte, lo cual tomaría entre seis meses y un año; políticas de la 4T desplazaron ya a la pandemia como foco de incertidumbre, dice Canacintra.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) representa un “retroceso histórico” para México, al inyectar más incertidumbre a las inversiones, daña la imagen del país en el exterior por el incumplimiento de sus compromisos ambientales, y sobre todo, niega a los mexicanos el acceso a energías limpias y más baratas, reprochó el sector empresarial.
Además, señaló que, con la reducción de contagios y el avance en la vacunación, la pandemia por el Covid-19 ha pasado a un segundo plano y ahora la incertidumbre que genera el gobierno de Andrés Manuel López se ha colocado como el principal problema de los inversionistas nacionales y extranjeros en México.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) afirmaron que la aprobación de la reforma es un “golpe” a la competitividad de México y vulnera el estado de derecho. Además, “lo que más preocupa es la incertidumbre que se genera para la inversión”, dijo por su parte Claudia Jañez, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que serán impugnados los cambios, ya que el gobierno actual no debe desconocer los compromisos que asumió en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), al hacer modificaciones retroactivas a las leyes y volver inviables las inversiones ya establecidas, lo que se contrapone con la Constitución.
Debido a dichas impugnaciones, lo más probable es que se suspendan los efectos de la reforma legal hasta que el asunto sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sería difícil que el máximo órgano de justicia respaldara los cambios, pues ya existe el precedente de que rechazó la política de confiabilidad eléctrica de la Secretaría de Energía, que planteaba un modelo idéntico al propuesto en la reforma, afirmó por su parte Montserrat Ramiro, especialista en energía y excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía, en un webinar organizado ayer por el Imco.
Comentó que ese proceso llevaría no menos de seis meses y hasta un año, al tiempo que recordó que, en caso de que la Corte respaldara la reforma, se activarían paneles internacionales.
“El establecimiento de restricciones o regulaciones o iniciativas gubernamentales sobre la participación privada dentro de los diferentes sectores productivos del país y en particular del energético, han ocasionado un alto grado de inhibición a invertir en nuestro país, ya sea, tanto las de procedencia nacional como extranjera”, afirmó por su parte Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra.
Ahora la incertidumbre que genera el gobierno de Andrés Manuel López se ha colocado como el principal problema de los inversionistas nacionales y extranjeros en México, afirmó.
Por ello, los industriales de la transformación se pronunciaron porque el gobierno federal abandone su iniciativa de ley eléctrica, pues la desconfianza de los inversionistas en México se encuentra en un punto vulnerable, que se agravaría para enfrentar situaciones extraordinarias como el aumento en los costos de la energía, menor competitividad y el quebrando del estado de derecho.
El representante de la Canacintra estableció que la problemática por la falta del suministro de energía eléctrica y la carencia o desabasto de gas natural, han causado afectaciones multimillonarias a la industria automotriz, manufacturera, autopartes metal mecánica, restaurantera, hotelera, hospitalaria, panadera, tortillera, alimentaria, residencial, de salud, otras, que se trasladarán a la economía nacional.
A decir del Imco, el principal impacto de la reforma eléctrica para la competitividad del país es la pérdida de confianza en el Estado mexicano. “Eliminar los permisos de autoabasto o volver inviable la operación de los Productores Independientes de Energía implica aplicar una ley de forma retroactiva en detrimento de los derechos de los inversionistas”.
El organismo privado que dirige Valeria Moy recordó que en el 2020, la Comisión Federal de Electricidad ahorró en suministro básico 211,000 millones de pesos al comprar el 56% de la energía al sector privado, que genera electricidad más barata.
