Ángeles González CeballosXalapa, Ver
Miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS), afirmaron que existe un riesgo para todos los trabajadores y académicos de los centros de investigación de todo el País, así como para todo aquel que tenga relación con el Conacyt, ya que la SCJN revisará la jurisprudencia 1-96 por la que en algún momento pasaron del apartado B al A y ahora se podría invertir.
Es decir, si se modifica los trabajadores tanto académicos como administrativos dejarían de ser sindicalizados y se volverían personal de confianza, por lo que quedarían a merced del jefe o jefa inmediato superior para ser despedidos o removidos.
Además, perderían la libertad de cátedra y de investigación porque el jefe diría qué hacer y qué no hacer.
En conferencia de prensa, Julio Antonio García Palermo, secretario general del SUTCIESAS, junto con Patricia Ponce, secretaria de Asuntos Académicos del mismo sindicato; explicó que el apartado B es aquel que se rige por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y el A, es aquel que se rige por la Ley Federal del Trabajo.
«En el apartado A tenemos negociación colectiva, el personal académico se puede sindicalizar. La negociación colectiva es importantísima para los centros de investigación, porque se asegura garantías para todo el personal.
Mientras que el apartado B es restrictivo, no permite la huelga y no tiene contratos colectivos», subrayó.
Alertó que de llegar a suceder esto el futuro de la educación y de la investigación en México está en un grave riesgo, porque no saben cómo les afectará, lo que si saben es que el apartado B es totalmente violatorio de derechos humanos.
De manera que si la Corte sustituye esa jurisprudencia los organismos públicos como el CIESAS, INAOE, Conaleps, Inecol, CICA, Instituto Mora, es decir más de 100, estarían en riesgo de que no se les respetaran sus contratos colectivos o que en el momento en el que se sustituya, las nuevas personas que se integren a los centros públicos de investigación estén en una condición laboral de discriminación y desventaja laboral.
Reconoció que si bien una ley no se aplica de manera retroactiva en perjuicio, no deben bajar la guardia hasta conocer como quedaría la modificación.
Por su parte, Patricia Ponce, dijo que no podría decir que esto sea una «campaña» contra los investigadores y contra la investigación, pero lo que es un hecho es que en los últimos años se han visto afectados por los recortes a los presupuestos, a los fondos, la falta de plazas, así como la acusaciones contra los exfuncionarios de Conacyt.
