En Veracruz se ha restablecido el Estado de Derecho; se hace valer la ley sin distingo ni colores, ni sesgos facciosos; después de muchos años se garantiza que la procuración de justicia beneficie a las víctimas no a los delincuentes, afirmó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura local.
“Los resultados están a la vista; la transformación de la Fiscalía General del Estado le está dando resultado a Veracruz; ya no hay intocables; están en proceso penal quienes traicionaron al pueblo, quienes saquearon los recursos públicos y quienes por ambición económica o política incurrieron en la comisión de delitos. Están tras las rejas sin importar su posición económica, política o grupo delictivo bajo el que se identificaban”, expresó.
La entidad, dijo, tiene en Verónica Hernández Giadáns a una fiscal valiente y decidida a que se aplique la ley, pues es indispensable para lograr la restauración de la paz y la justicia, demanda de la sociedad veracruzana.
Recordó que el estado se vio inmerso en un clima de impunidad y corrupción, lo que obligó al Congreso local a emprender cambios radicales en la Fiscalía, retirando a un titular omiso y comprometido con un grupo político para designar a una fiscal dispuesta a romper con los pactos de impunidad al interior de este organismo autónomo.
Su actuar, dijo, ha lastimado a grupos que venían dañando a la sociedad, a personajes que -pretendiendo arroparse en institutos políticos en busca de mantener la impunidad que les brindaron en gobiernos pasados- ahora están tras las rejas a disposición de juez, lo que muestra que ahora la ley se hace valer sin distingo ni colores.
Gómez Cazarín dio seguimiento a distancia a la comparecencia de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, ante la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, presidida por el diputado Genaro Ibáñez Martínez, reconociendo los avances en materia de combate a los secuestros y en el esclarecimiento de delitos de alto impacto, porque ahora se tiene una institución que verdaderamente realiza una tarea de investigación y persecución del delito.
