Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un nuevo criterio, el 28/2017, por el que retira las facultades que anteriormente había concedido a los jueces para revisar la usura.
Es decir, ahora el deudor de créditos que caiga en mora, tendrá obligación de contratar un abogado, de defenderse, de pedir que se revisen las tasas de interés, hasta antes de que se emita sentencia.
Teresa Carvajal, representante de El Barzón de Resistencia Civil, expuso que las instituciones de crédito usureras ahora podrán gozar del apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que limitó
la obligación de los jueces de revisar las condiciones en que se hubiera dado un contrato abusivo.
En conferencia de prensa, denunció que esto significa un retroceso en la impartición de justicia, porque en 2014 era obligatorio para los jueces revisar las condiciones de los contratos.
«Ahora sí una persona firmó un convenio, está sentenciada o tiene alguna condena al pago de pesos, que por razón de la norma no haber estado vigente en la fecha en la que se llevó su juicio, hoy ya no va a poder hacer nada por disposición de la Corte.
Esto, aunado a la mala costumbre que ya existen en los tribunales, en que ya no piensan, los jueces ya no piensan, ya aplican la jurisprudencia», señaló.
Es por ello que acusó que la Corte tiene de rodillas a los deudores, tiene de rodillas a aquellas personas que quieren pagar lo justo y en ese sentido, expresó que eso no se vale, porque para eso los mexicanos tienen a ese máximo tribunal, a donde se supone que todos pueden pedir amparos y justicia.
«Queremos llamar a los y las legisladoras federales para que hagan eco de este reclamo que está haciendo el Barzón. Esta no es una lucha del Barzón, es una lucha de todos», enfatizó.
Destacó que al Barzón Resistencia Civil les han reportado casos como el de una mujer joven, trabajadora independiente de Xalapa que por el interés de crecer su negocio aceptó un préstamo de un agiotista, quien abusivamente provocó el crecimiento de la deuda con intereses desproporcionados.
Una vez que la emprendedora perdió posibilidad de pago, se vio hostigada para pagar una deuda que había pasado de los 400 mil pesos a un millón 700 mil, pues el criterio de interés sobre la deuda original estaba a discreción del agiotista.
Mal asesorada admitió la deuda y firmó un acuerdo de pago dentro de juicio, sin embargo las mensualidades son impagables, lo que la llevó a buscar al Barzón en solicitud de una defensa profesional.
«Hoy los jueces se justifican diciendo que ella firmó un acuerdo sobre la deuda de un millón 700 mil pesos, sin tomar en cuenta las condiciones por las que se llegó a esa cifra cuando el préstamo original fue mucho menor y sin contar los pagos que realizó», agregó.
