México llevará a Ecuador ante el Tribunal Internacional de Justicia. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha demandado este jueves al país sudamericano por el violento asalto a la Embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril, cuando la policía irrumpió en la sede diplomática bajo órdenes del presidente Daniel Noboa, maltrató al personal diplomático y se llevó por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas.
“La violenta agresión es lo que estamos llevando ante la corte internacional”, ha dicho la canciller, Alicia Bárcena, este jueves en conferencia junto al mandatario mexicano. El Ejecutivo ha solicitado que se juzgue lo sucedido aquel día y ha pedido que se suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La demanda incluye, además, la petición de expulsarlo del organismo si se comprueba ante el Tribunal que se violaron los principios establecidos por la carta fundacional de Naciones Unidas.
México llevaba días anticipando que preparaba la demanda para presentarla ante la justicia internacional. En el camino, buscó el apoyo de otros países para poder dar más contundencia al pedido y recibió el respaldo de los dos órganos diplomáticos de mayor peso en la región: la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). México consiguió también que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea apoyaran la demanda presentada en La Haya.
La suspensión temporal de Ecuador como miembro de la ONU que se ha pedido, según ha detallado el Gobierno mexicano, es “en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo la violación a los principios fundamentales del derecho internacional”. Esta solicitud se ha hecho para “garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano”, ha detallado Bárcena. La petición busca además “establecer el precedente de que cualquier Estado que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado de las Naciones Unidas”, ha explicado. “Esta demanda se sustenta en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo”.
El Vicepresidente de Ecuador, durante los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, Jorge Glas se refugió en la Embajada mexicana en diciembre pasado. Le acorralaba la justicia y después de pasar unos cinco años preso por un caso de corrupción, optó por buscar una salida y pidió entonces asilo político a México. Pesan sobre él dos condenas, por asociación ilícita para delinquir y por cohecho, esta última de ocho años e impuesta en 2020. El correísmo ha calificado el cerco judicial impuesto a Glas como una persecución política.
La actitud del Gobierno de Noboa fue duramente condenada por casi toda América Latina y múltiples países en todo el mundo. Las embajadas resultan lugares casi sagrados para la política internacional, y hay pocos precedentes en la historia de la diplomacia global de un hecho como el sucedido. Además de la irrupción, la violencia con la que se trató a la comitiva diplomática es uno de los hechos que más ha molestado a México. La imagen del jefe de Cancillería intentando detener la aprehensión de Glas que acabó con el funcionario sometido en el suelo, no ha dejado de reproducirse estos días y formará parte del expediente presentado por el Gobierno de López Obrador.
