Una investigación reciente reveló una red de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusados por tráfico ilícito de combustible, conocido como «huachicol fiscal«. Entre los detenidos, hay marinos en activo, ex servidores públicos de aduanas y empresarios.
El caso de huachicol fiscal se derivó de una investigación que comenzó tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel robado en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Se descubrió que la red operaba con la complicidad de funcionarios públicos que facilitaban el ingreso del combustible ilícito al país a través de aduanas marítimas, lo que les permitía evadir impuestos y vender el producto a precios por debajo del mercado.
La Fiscalía General de la República de México confirmó la vinculación a proceso de 14 personas detenidas por su presunta implicación en la red de tráfico ilícito de combustible. De acuerdo con las investigaciones de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ha acusado a varios funcionarios de la administración de AMLO, principalmente de la Secretaría de Marina (Semar).
Uno de los funcionarios principales acusados por tráfico ilícito de combustible es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Se le acusa de estar involucrado en el ingreso de combustible robado a través de aduanas marítimas. Además de él, las autoridades buscan a su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna.
De acuerdo con el medio Político MX, otro funcionario relacionado al caso de huchicol fiscal es Alejandro Torres Joaquín, exdirector de Aduana en Tampico, quién reveló haber recibido 24 millones 500 mil pesos por el desembarque de 14 buques con combustible ilícito, de abril de 2024 a enero de 2025.
También se menciona a Rafael Marín Mollinedo, quien estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) de diciembre de 2022 hasta junio de 2023. Su sucesor, el general retirado André Georges Foullon Van Lissum, habría seguido sus pasos y participó en el tráfico ilícito de combustible.
Mientras tanto, según
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
, Luis Jorge Goicochea Sotomayor, director de Aduana en Tampico, fue removido de su cargo en abril, después de que las autoridades aseguraran el buque Challenge Procyon, que transportaba 10 millones de litros de
Combustible ilícito
y que provenía de Texas, Estados Unidos. Además, Francisco Javier Antonio Martínez, quien en marzo de 2024 asumió la titularidad de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional de México (ASIPONA) Tampico, dependiente de la Secretaría de Marina; fue vinculado a los dueños de Intanza, empresa responsable de la importación del combustible
que se transportó desde Estados Unidos hasta Tampico en el buque Challenge Procyon. Otros funcionarios que podrían estar implicados en el tráfico ilícito de combustible, según el medio POLÍTICO MX son: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que llegó al poder del estado en octubre de 2022; su hermana Mónica Villarreal, quien asumió la presidencia municipal de Tampico después de las elecciones de 2024; así como Jesús Antonio Nader, que gobernó la demarcación de Tampico en dos periodos: de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024.
