Al menos 5 mil trabajadores estatales no cuentan con prestaciones sociales de ley, a pesar de tener una antigüedad de más de 10 años.
Así lo denunció el secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, este 1 de mayo.
En ese sentido, lamentó que a estás alturas de la administración de Cuitláhuac García, no se haya formalizado la relación laboral a través de sus nombramientos definitivos.
Expuso que ley sólo reconoce a dos tipos de trabajadores, los de base y los de confianza, fue ahí donde estimó que unos 5 mil son trabajadores de base, pero el Gobierno del Estado no formaliza la relación laboral para escamotear prestaciones.
Dichas prestaciones son el Seguro Social, vales de despensa, ayudas para pasajes, bonos de imagen, entre otros y están establecidas en las condiciones generales de trabajo que deben aplicarse a todos los trabajadores del Gobierno del Estado.
«Queremos que se les otorgue el nombramiento definitivo porque tenemos compañeros con 20 años de servicio que nunca han cotizado y por ende no podrán jubilarse jamás, esa es una de las principales razones porque la jubilación es un derecho humano», reclamó este Día del Trabajo.
A esta irregular situación, se suman los despidos que se han venido presentando durante la pandemia del Coronavirus, en dependencias como la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad así como la Secretaría de Desarrollo Social.
Galicia Campos aseguró que hay todavía muchos pendientes dado que los trabajadores han sido marginados y no se respetan sus derechos, por lo cual que ya presentaron algunas demandas que están en proceso ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y algunas otras de trabajadores que piden su nombramiento definitivo.
Señaló que aunado a la violación de los derechos laborales y los despidos injustificados, se suman los actos de corrupción al interior de dependencias como Secretaría de Trabajo e incluso el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Expuso que en muchas ocasiones ya ni siquiera es un tema de nepotismo, sino de un descarado desvío de recursos, por ello, solicitó una investigación en contra de la exsecretaria del Trabajo, así como de la exdirectora del DIF.
«Desviaron millones de pesos y están perjudicando al presupuesto de Gobierno porque es el pretexto que nos ponen para no reconocer los derechos de os compañeros», manifestó.
