Ciudad de México. La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, señaló que con la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo se busca la actualización y modernización del juicio de amparo para que sea más ágil, sencillo y que ya no se abuse de esta figura, como ocurre actualmente, con los créditos fiscales.
Se propone que sólo el acto final de un proyecto de ejecución sea recurrible, y dejó en claro que no se afecta la defensa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que corresponde al Senado determinar si esta iniciativa debe ser sometida a parlamento abierto o no.
Manifestó que “sí se ha abusado mucho del amparo, pero es evidente que es indispensable en el país… No puede ser que (pasen) 20 años para que alguien no pague impuestos o se pueda amparar para que no pague”. O se le otorgue a una empresa inhabilitada.
En la mañanera del pueblo, Godoy señaló que una vez que la Corte determina que un deudor de un crédito fiscal tiene que pagar, como establece el Código Fiscal inicia el cobro y con la reforma “estamos proponiendo que se puede amparar hasta el momento en que pudiera empezar una subasta o remate”.
Dijo que existe la posibilidad del cobro voluntario, pero resaltó que “llegará un momento en que van a entrar ya a remate los bienes”. Precisó que para que se otorgue la suspensión provisional debe presentarse una garantía, ya sea un billete de depósito o de una carta de crédito otorgada por bancos.
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“Son garantías muy fuertes que permiten que al Estado Mexicano, al pueblo, que pase lo que pase se va a pagar el total del crédito fiscal”, incluidos intereses.
Subrayó que no se “está quitando ningún derecho… El juicio de amparo está garantizado en la Constitución y no se modifica” con la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, se busca su actualización y modernización para que sea más ágil y sencillo, señaló Godoy.
Dijo que con esta propuesta, ese juicio se fortalecerá con reglas muy precisas y claras; se incorpora el juicio de amparo “verdaderamente digital con plena validez legal, operatividad práctica, sin que ello sustituya la procedencia documentada del procedimiento”.
Se seguirá atendiendo lo documental, pero “hay obligación ya de digitalizar”. Se protege “el orden público y el interés social con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia”, sostuvo.
Dijo que “es fundamental una reforma que dé paso a una justicia efectiva, que devuelva las bondades del juicio de amparo”, y para la aceptación de las demandas de amparo se establecen plazos y términos para una justicia pronta que actualmente no están previstas.
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, recordó que hubo una época en que todos los “centros de vicio, los que entonces se llamaban giros negros” operaban con una suspensión de amparo, por lo cual se tuvo que modificar la Ley de Amparo, para decir que en estos casos no procede la suspensión.
Lo mismo ocurrió, sostuvo, con los centros de apuestas y para que los deudores alimentarios no pagaran pensiones alimenticias. Afirmó que “con la delincuencia que estamos enfrentado es muy complicado combatir el lavado de dinero, por lo que es necesario fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano”.
Sobre todo porque, dijo, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea una cuenta presumiblemente de la delincuencia organizada, “derivados de criterios de la Corte y jueces, se están liberando todas las cuentas y esto provoca el daño al sistema financiero y dificultar el combate a la delincuencia organizada y se vacían las cuentas y ya no hay manera de que esto recursos sean recuperados”.
