Feminicidios en Veracruz, por la memoria y la justicia
Por Naldy Rodríguez
El asesinato de una maestra de preescolar en Agua Dulce, mujer de trabajo, muy querida por la comunidad, causó conmoción en aquella región de Veracruz, pero también resonó en otras zonas del estado y del país.
Tan sólo unos días después, otra muerte violenta trastocó su entorno y el de la sociedad veracruzana. Fátima Estefanía Ortiz fue encontrada sin vida, con golpes y heridas, al interior de su vivienda en el puerto de Veracruz. Dejó en la orfandad a una niña de cinco años con autismo y una familia que llora su ausencia.
El brutal crimen de Martha González de 53 años de edad y el de Fátima de 30 años, deben ser considerados como un feminicidio, un acto de violencia extrema y odio por su propia condición de género, que nos lleva a replantear el núcleo familiar y la pérdida de valores y el respeto a la vida.
Es cierto que, no todos los homicidios de una mujer, constituyen un feminicidio. Deben darse al menos tres circunstancias: violencia sexual o que exista evidencia de violencia, amenazas, acoso, hostigamiento o que a la víctima se le hayan infligido actos denigrantes o mutilaciones.
Y tendrá como agravante el hecho de que la víctima y el agresor tuvieran una relación afectiva o de confianza, laboral, de subordinación o superioridad, así como parentesco o consanguinidad.
En el 2025, se cuantificaron 721 víctimas de femicidio en todo el país, de las cuales 43 (6 %) se registraron en territorio estatal, de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso sin considerar los homicidios dolosos de mujeres que al menos fueron 93 casos.
Es decir, Veracruz se encuentra en el lugar número cinco con mayor incidencia en feminicidio y dentro de las seis entidades que concentran el 41 % de los casos.
Apenas hace unos días, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) lanzó la “Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida”, en el que advierte la necesidad de búsqueda de justicia, para lo cual, señala, se requiere acompañamiento jurídico, seguridad y protección.
Se trata pues, de una herramienta de apoyo a personas defensoras de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de violencia feminicida, que puede ayudar a conocer rutas y estrategias exitosas en el acceso a la justicia.
Al menos, en el caso de la maestra de Agua Dulce hubo detenidos, lo malo es que se trata de dos menores de edad de 15 y 16 años y una de ellas con un vínculo muy cercano. Su hija y su yerno son los presuntos responsables.
“Nuestra lucha ahora es por otras mujeres”: Reyna Trujillo, madre de Pilar Argüello, víctima de feminicidio en Veracruz.
Que su historia no se olvide.
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