Más de tres meses de que Petróleos Mexicanos (Pemex) logró controlar el incendio del pozo exploratorio Krem-1, ubicado en una zona rural del municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz, la contaminación por hidrocarburos continúa siendo motivo de preocupación, luego de que Greenpeace México documentó la presencia de sustancias cancerígenas en muestras de agua, suelo y sedimentos recolectadas en las inmediaciones de las instalaciones petroleras.
La organización ambientalista dio a conocer los resultados de un estudio técnico en el que identificó benzo[a]pireno, un compuesto clasificado como cancerígeno para los seres humanos, en seis de las siete muestras de agua analizadas.
El hallazgo forma parte de una serie de indicadores que evidencian la presencia de contaminantes derivados del petróleo en el entorno del pozo, donde durante más de cinco meses permaneció activo un incendio que generó preocupación entre habitantes de distintas comunidades rurales.
De acuerdo con el comunicado difundido el pasado 9 de noviembre, Greenpeace llevó a cabo un análisis en la zona los días 18 y 19 de agosto de 2026, cuando el incendio ya había sido controlado. En total, Greenpeace analizó siete muestras de agua, seis de suelo y tres de sedimentos para identificar la presencia de hidrocarburos y evaluar las condiciones ambientales de la zona.
Entre los resultados destaca que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, evaluados mediante equivalentes tóxicos de benzo[a]pireno, superaron entre 61 y 113 veces el valor de referencia utilizado para la protección de la vida acuática.
También fue identificado antraceno, cuyas concentraciones en agua rebasaron entre ocho y 18 veces el parámetro de referencia considerado en el estudio. En los sedimentos también se encontraron concentraciones de este último compuesto superiores a los niveles de referencia utilizados para identificar posibles efectos biológicos adversos en organismos acuáticos.
La contaminación detectada en las inmediaciones del pozo Krem-1 también motivó una movilización de Greenpeace México. Este martes, en la Ciudad de México, activistas realizaron una protesta frente a la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), con una manta desplegada mediante una grúa en la que se leía el mensaje “Pemex contamina, el planeta lo paga”.
Durante la manifestación, la organización exigió a la petrolera indemnizar a las comunidades afectadas, restaurar los ecosistemas dañados y establecer programas de vigilancia ambiental y atención médica para los habitantes de Las Choapas, luego de los resultados que documentaron la presencia de sustancias contaminantes en agua, suelo y sedimentos.
Como parte de esta actividad, representantes de Greenpeace ingresaron a las instalaciones de Pemex para entregar documentación relacionada con los resultados de los análisis ambientales realizados en Las Choapas, así como una carta formal en la que expusieron sus demandas y solicitaron que la empresa establezca compromisos concretos para atender las consecuencias del siniestro.
Entre sus principales exigencias se encuentran el pago de indemnizaciones a las comunidades afectadas, la restauración integral de los ecosistemas dañados, la realización de estudios ambientales independientes y transparentes, además de un programa de monitoreo médico periódico para los habitantes que pudieron estar expuestos a las sustancias contaminantes.
La organización también planteó la necesidad de que las autoridades y la empresa petrolera mantengan vigilancia permanente sobre la calidad del agua, el suelo y los sedimentos de la región, con resultados públicos que permitan conocer si los contaminantes continúan presentes y cuáles son las medidas necesarias para recuperar las condiciones ambientales.
La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó el 7 de marzo que el pozo se encontraba aproximadamente a 60 kilómetros de la cabecera municipal de Las Choapas. En la atención participaron Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil y autoridades municipales. Entre las comunidades mencionadas durante las acciones de evacuación estuvieron Las Cruces, Las Guadalupes, Ignacio López Rayón, Los Castaños, El Remolino y Constitución.
Posteriormente, Greenpeace señaló que alrededor de 3 mil 431 personas de 29 localidades vivían a menos de 10 kilómetros del pozo, mientras que aproximadamente mil habitantes se encontraban a menos de cinco kilómetros de la fuga.
Por su parte, Pemex informó en junio que mantenía monitoreo de calidad del aire en nueve comunidades cercanas, mediante personal técnico del Instituto Mexicano del Petróleo y un laboratorio móvil acreditado. La empresa sostuvo entonces que los contaminantes atmosféricos monitoreados no superaban los límites permisibles establecidos en la normatividad vigente.
Durante los meses posteriores al incidente, Pemex informó sobre la construcción de infraestructura hidráulica para garantizar el suministro de agua requerido en las operaciones, además de instalaciones para el manejo seguro de fluidos, almacenamiento y logística. También reportó la construcción de fosas de contención para evitar escurrimientos, así como trabajos de recuperación, saneamiento y almacenamiento de materiales recolectados para su disposición final.
En junio, la empresa señaló que los líquidos y gases emanados del pozo eran incinerados de manera controlada bajo supervisión técnica. Asimismo, indicó que las condiciones topográficas de la zona favorecían la dispersión de las emisiones y que no existían asentamientos humanos en un radio inmediato de cuatro kilómetros.
Como parte de las acciones de atención a las comunidades, Pemex también informó sobre la disponibilidad de servicios médicos móviles para habitantes de localidades cercanas. Sin embargo, durante el desarrollo de la contingencia se conocieron reportes de pobladores sobre posibles afectaciones en sus actividades agrícolas y ganaderas, además de problemas como irritación de ojos, dolores de cabeza, náuseas y dificultades respiratorias. También fueron difundidas denuncias sobre agua aceitosa en arroyos, pozos y depósitos utilizados por habitantes de la región.
Los resultados presentados por Greenpeace vuelven a colocar bajo atención las condiciones ambientales de la zona, pues los análisis realizados después de que Pemex controló el incendio identificaron contaminantes derivados del petróleo en distintos componentes del entorno.
La organización ambientalista considera necesario que Pemex y las autoridades competentes establezcan acciones integrales de remediación, vigilancia y seguimiento de los posibles daños ocasionados por la contingencia. Uno de los aspectos señalados es la posible exposición indirecta de animales que consumen agua de cuerpos naturales cercanos, así como los efectos que la presencia de hidrocarburos podría generar en los ecosistemas acuáticos y terrestres.
El caso del Krem-1 también se suma a las preocupaciones ambientales relacionadas con las actividades petroleras en el sur de Veracruz, particularmente por la necesidad de evaluar las consecuencias de las emergencias industriales más allá del momento en que las llamas son extinguidas o las fugas quedan controladas.
Cabe precisar que los resultados de Greenpeace corresponden a análisis ambientales de agua, suelo y sedimentos y no constituyen por sí mismos un diagnóstico de enfermedades entre los habitantes ni una evaluación de potabilidad del agua para consumo humano. Sin embargo, la detección de benzo[a]pireno y otros hidrocarburos representa un señalamiento que requiere atención y seguimiento por parte de las autoridades ambientales y sanitarias.
La emergencia también provocó inconformidad entre habitantes y productores de comunidades rurales de Las Choapas, quienes durante varios meses realizaron manifestaciones para exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) que reconociera y reparara las afectaciones ambientales, económicas y sociales que, aseguran, dejó la explosión y posterior incendio del pozo Krem-1.
Una de las primeras movilizaciones ocurrió el 30 de junio, cuando habitantes del ejido Constitución Mexicana se manifestaron frente a las instalaciones de Pemex en Coatzacoalcos. Con pancartas y lonas denunciaron daños en arroyos, fuentes de abastecimiento de agua, pastizales, huertos, alambrados y caminos de acceso, además de pérdidas en sus actividades agrícolas y ganaderas.
En aquella ocasión, Juan Huerta Tapia, comisariado ejidal de Constitución Mexicana, señaló que las comunidades llevaban más de 100 días esperando respuestas de la empresa petrolera y aseguró que únicamente habían recibido promesas, sin soluciones concretas. Los inconformes también denunciaron la muerte de animales, pérdida de cosechas y problemas de salud que atribuyeron a la contaminación y a las emisiones generadas durante la contingencia.
Entre sus principales exigencias plantearon una reparación integral de los daños, indemnizaciones para los productores afectados, atención médica permanente y estudios independientes para conocer las condiciones del agua, suelo y aire. También solicitaron que Pemex proporcionara información sobre los trabajos realizados y estableciera una mesa de diálogo con los representantes de las comunidades.
La inconformidad continuó durante julio. El 27 de ese mes, habitantes de la comunidad La Guadalupe-El Jabón bloquearon el camino de acceso al pozo Krem-1 para exigir la presencia de representantes de Pemex y autoridades, pues consideraban que sus peticiones no habían recibido atención. Los pobladores denunciaron afectaciones a la salud, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de cultivos y muerte de ganado, además de reclamar medicamentos y compensaciones económicas.
Posteriormente, el 18 de septiembre, alrededor de 500 campesinos y productores de 25 ejidos realizaron otra movilización y bloquearon el acceso a las instalaciones del Krem-1, en el ejido Las Cruces. La protesta tuvo como principal objetivo exigir avances en los pagos de indemnizaciones y el cumplimiento de los compromisos establecidos para reparar las afectaciones ocasionadas durante los meses que permaneció activo el incendio.
Entre las comunidades representadas se encontraban El Remolino, Las Guadalupes, Constitución Mexicana, Las Cruces, Las Isabeles, López Rayón, Linda Vista, Vista Hermosa, El Sacrificio, Paraíso, Arroyo de Enmedio, El Amate, Francisco Villa, Tres Pianas, Lázaro Cárdenas, Nacimiento, Tejeda, Sarabia, Río Playas, Linda Tarde, Las Mañanitas y Morelos, entre otras.
Los productores señalaron que los daños alcanzaron pastizales, terrenos de cultivo, cercas y áreas utilizadas para la actividad ganadera. Algunos manifestaron que tuvieron que trasladar sus animales a otros ranchos, comprar alimento o rentar terrenos para evitar mayores pérdidas.
Las inconformidades también se extendieron a los criterios utilizados para determinar las compensaciones. El 14 de septiembre, ejidatarios de La Guadalupe denunciaron que Pemex solicitaba documentación adicional para reconocer determinadas afectaciones y que algunos daños, como los registrados en aves de corral, cerdos y techos de lámina de las viviendas, podrían quedar fuera de las valoraciones.
Los habitantes insistieron en que las indemnizaciones debían contemplar la totalidad de las pérdidas y no limitarse a determinados terrenos o instalaciones. También reclamaron que se reconocieran los daños a la infraestructura comunitaria y a las actividades productivas de las familias.
Aunque Pemex informó el 2 de agosto sobre el control del pozo y la conclusión de la etapa crítica de la emergencia, los reclamos de los ejidatarios continuaron durante las semanas posteriores, pues aseguraron que todavía estaban pendientes los pagos, la evaluación completa de los daños y las acciones necesarias para recuperar las condiciones ambientales y productivas de sus comunidades.
