La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) acreditó la tortura que policías ministeriales de Veracruz cometieron contra el indígena ñuhü Diego Bonilla en 2023, y emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado para la reparación integral del daño, informaron organizaciones de derechos humanos.
La recomendación fue dirigida el pasado 16 de abril, cuando la CEDHV acreditó que Bonilla fue privado arbitrariamente de su libertad y torturado por policías en la fiscalía en Huayacocotla. La resolución de la Comisión, además, determinó que la Fiscalía Especializada «incumplió su obligación de investigar la tortura de manera diligente», precisaron las organizaciones.
Bonilla, originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, fue testigo del homicidio de su amigo el 29 de mayo de 2023, por lo que al día siguiente fue trasladado a Huayacocotla para rendir su testimonio en la fiscalía de Veracruz, donde policías ministeriales «lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo, y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente» para que incriminara a otra persona por el crimen, como explicaron el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, entre otras organizaciones, en 2025.
De acuerdo con la denuncia del 14 de abril de 2025, el testimonio de Bonilla «fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ni su versión real», para detener a Silverio Reyes, hoy preso por el crimen a pesar de que Diego Bonilla nunca lo señaló como responsable. Durante su declaración ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Bonilla relató en su lengua cómo fue torturado por la policía, pero «tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio” y redactaron una versión “que Diego no entendió” y que “le pidieron firmarla y retirarse», precisaron.
Casi un año después de la denuncia, la Comisión emitió una recomendación a la fiscalía tras acreditar la tortura contra Bonilla, por lo que las organizaciones exigieron que la institución la acepte y la cumpla, «al representar una oportunidad para fortalecer la garantía de derechos y prevenir la repetición de actos de tortura».
Entre las recomendaciones de la Comisión se encuentra la reparación integral del daño, que incluya atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural, así como «la investigación efectiva de los policías ministeriales señalados como responsables» y la adopción de medidas institucionales por parte de la Fiscalía, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas.
«Su aceptación y adecuada implementación representa una oportunidad para reparar los derechos de Diego en este caso y enviar un mensaje claro de que la tortura – en particular la cometida en contra de personas indígenas – no será tolerada en Veracruz», indicaron las organizaciones, que recordaron el caso de Bonilla «no es aislado», pues «la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el estado de Veracruz».
De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es la segunda entidad a nivel nacional con más investigaciones por tortura, con 2 mil 594 casos entre 2019 y 2025, y la primera a nivel nacional en número de víctimas, con 4 mil 813. De ellas, «las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados, y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada», acotaron las organizaciones.
A continuación el comunicado completo:
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) dirigió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) tras acreditar la tortura contra Diego Fernando Bonilla, una persona indígena Ñuhü de la Sierra Norte de Veracruz, por parte de la Policía Ministerial. Las organizaciones de derechos humanos firmantes solicitamos a la Fiscalía que acepte y cumpla esta recomendación, al representar una oportunidad para fortalecer la garantía de derechos y prevenir la repetición de actos de tortura.
El 29 de mayo de 2023, Diego Fernando, presenció un homicidio en su comunidad, El Pericón de Texcatepec, Veracruz. Al día siguiente, fue llevado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla, perteneciente a la FGEV, para rendir su declaración; ahí fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a incriminar a otra persona. Diego se negó a declarar hechos que no había presenciado. En la misma sede, frente a la intérprete para la toma de su declaración, Diego le informó que había sido víctima de tortura. No obstante, fue obligado a firmar hojas en blanco, que posteriormente fueron utilizadas para elaborar una declaración que nunca consintió. Dicha declaración fabricada fue empleada para detener a una persona.
Con el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Diego Fernando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, radicada bajo el expediente DAI/0161/2023.
Asimismo, denunció formalmente los actos de tortura ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, de la FGEV, quien inició la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023. Pese a ello, esta autoridad no realizó una investigación diligente y, en 2025, determinó el cierre del caso.
El 16 de abril de 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió la Recomendación 17/2026, dirigida a la Fiscalía General del Estado, en la que acreditó que Diego fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, lo cual fue documentado conforme al Protocolo de Estambul. Asimismo, determinó que la Fiscalía Especializada incumplió su obligación de investigar la tortura de manera diligente.
En consecuencia, la Comisión recomendó la reparación integral del daño, incluyendo atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural; la investigación efectiva de los policías ministeriales señalados como responsables; y la adopción de medidas institucionales por parte de la Fiscalía, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas.
Este caso no es aislado, la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el estado de Veracruz. De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), esta entidad es la segunda a nivel nacional con más investigaciones por tortura, 2,594 entre 2019 y 2025, y la primera a nivel nacional en número de víctimas, con 4,813. Las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados, y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes urgimos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que acepte a la brevedad la recomendación y dé cumplimiento integral a sus puntos como una prioridad. Como lo mencionó la propia Fiscal del Estado en su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, en enero de este año, estas recomendaciones son una oportunidad de “mejorar institucionalmente” y de enviar un mensaje claro contra la impunidad en casos de tortura.
Su aceptación y adecuada implementación representa una oportunidad para reparar los derechos de Diego en este caso y enviar un mensaje claro de que la tortura – en particular la cometida en contra de personas indígenas – no será tolerada en Veracruz.
