Almoloya de Juárez, Mex. La Fiscalía General de la República acusó formalmente al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Járquez, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras asegurar que intentó ocultar el origen de más 76 millones de pesos, de los 96 millones que presuntamente desvió del erario público en el periodo del 2010 al 2016, cuando fue titular del Ejecutivo estatal de aquella entidad fronteriza.
Durante la celebración de la audiencia inicial en la causa penal 142/2024 que se le instruye por este delito mejor conocido como lavado de dinero, el ministerio público aseguró que César Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario, y luego tras diversas transferencias terminaban en sus cuentas personales o las de su esposa e hijos.
César Duarte, detenido el pasado lunes en Chihuahua, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, minutos antes de la medianoche del lunes y por la mañana de este martes fue puesto a disposición de la juez de distrito Jazmín Ambriz López, adscrita al centro de justicia de esta cárcel federal.
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En un inicio, la defensa de César Duarte solicitó la cancelación de la diligencia con el argumento de que el ex gobernador chihuahuense, contaba con una amparo que impedía su aprehensión y la apertura de una nueva causa penal en su contra.
El ministerio público dijo que dicho amparo sólo era aplicable para causas del fuero común y no del fuero federal.
La defensa insistió que además no existían documentos certificados que avalen que el gobierno de Estados Unidos había autorizado una nueva causa penal, pues cuando fue extraditado en 2020 a México, por las autoridades estadounidenses, solamente fue para que enfrentara el proceso por peculado. No obstante, el ministerio público aclaró que la cancillería mexicana solicitó al vecino país del norte, su autorización para fincarle una nueva causa penal, situación que ocurrió el pasado 2 de diciembre, lo que permitió que el lunes se le cumplimentara la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que libró un juez de distrito con sede en Almoloya de Juárez el año pasado.
Con todos estos argumentos la juez negó cancelar la diligencia y dio paso a la formulación de imputación, donde se pudo conocer que el gobierno de César Duarte asignó más de 76 millones de pesos a empresas que eran propiedad del propio mandatario chihuahuense, así como de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Las empresas que recibieron recursos presuntamente para apoyar al sector ganadero de esa entidad son: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, ambas donde César Duarte era el accionista mayoritario y presidente del consejo de administración. También recibieron recursos, “Pavimentos y Servicios El Parral” e “Hidroponia El Parral”, donde su esposa Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.
El Ministerio Público aclaró que los recursos fueron entregados a través de convenios y subsidios para la compra de ganado, adquisición de maquinaria y otros insumos ganaderos, pero que las empresas no cumplían estos propósitos, sino meses más tarde de haber recibido los recursos, el dinero pasaba a cuentas personales del ex gobernador, de su esposa o sus hijos, e incluso, servían para pagar la tarjeta American Exprés de Gómez Fong.
César Duarte contó con la colaboración de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua, y a su vez, fue tesorero de las empresas del ex gobernador.
Entre las pruebas que presentó el Ministerio Público para sostener la acusación se encuentran dictámenes contables y de fiscalización que realizó la propia auditoría superior de Chihuahua, que concluyó que Duarte incurrió además en conflicto de intereses al asignar recursos públicos a empresas de su propiedad.
También se presentaron como pruebas las declaraciones patrimoniales del ex gobernador y las declaraciones fiscales, así como una serie de documentos que prueban las innumerables trasferencias que se realizaron a través del sistema bancario mexicano, para hacer llegar los recursos públicos a las cuentas personales de César Duarte y de su esposa.
