La diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas calificó como grave que en tres semanas se hayan perdido 346 mil 878 empleos en todo el país como consecuencia de las malas decisiones del gobierno federal al no apoyar a las pequeñas y medianas empresas durante la actual emergencia sanitaria por Covid-19, por lo cual han tenido que suspender sus servicios y muchas de ellas cerrar definitivamente.
Apuntó de acuerdo a la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las empresas que más han despedido empleados son medianas, es decir, las que tienen más de 50 trabajadores, pues han separado de sus puestos a 294 mil 329 personas y el mayor número de despidos se concentra en los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México.
Eso se suma dijo a los desempleos generados durante el 2019 por recortes presupuestales del gobierno federal en diferentes dependencias.
Recordó que el grupo Parlamentario de Acción Nacional propuso una agenda de contención económica para defender el ingreso y empleo de las familias mexicanas; sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador minimizó e ignoró las recomendaciones de los partidos, expertos y empresarios, presentando un plan económico sin medidas relevantes para proteger a los trabajadores de salud, el empleo y mitigar los efectos los económicos que trae el Covid-19.
Por el contrario, aseguró, se empecina en realizar obras de capricho y asumir una posición ideológica en lugar de ver la realidad.
Asimismo, informó que desde el pasado 19 de marzo inició el procedimiento para la presentación de un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al gobierno federal a conceder una tregua fiscal en beneficio de los pequeños y medianos empresarios con el fin de mitigar la crisis económica por inactividad económica ante la propagación del coronavirus.
Expuso que las MiPyMes generan 7.5 de cada 10 empleos en México, de ahí la importancia de apoyos e incentivos fiscales para que éstas sigan manteniendo su plantilla laboral.
Además explicó que a pesar de que la iniciativa privada ha pedido al gobierno federal medidas que protejan a todo tipo de empresas ante la emergencia sanitaria del Covid-19, entre ellas el diferimiento del pago de impuestos hasta por 90 días sin cargo de intereses, el gobierno asegura no retrasará estas obligaciones, no las condonará y está emprendiendo un terrorismo fiscal a través del SAT.
Sin embargo con el paro de actividades no esenciales ya decretado por el gobierno federal cada vez les es más complicado obtener ingresos para poder realizar el pago de sus impuestos, renta, luz, salarios de empleados, subrayó.
Dijo es alarmante que ahora el gobierno pueda aplicar estos cobros mediante embargos o cárcel aplicando la Ley Nacional de Extinción de Dominio que deja al ciudadano sin indefensión.
Manifestó ya hubo una empresa en San Luis Potosí que interpuso una demanda de amparo indirecto para urgir al Ejecutivo un plan integral de incentivos, entre lo que solicitaba condonar, eximir o prorrogar impuestos, pero ya la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que impugnará el amparo y se mantendrá atenta al cumplimiento de las obligaciones fiscales y en caso de que no lo haga procederá contra ella.
Dunyaska García Rojas deploró que a pesar de que las empresas estén haciendo esfuerzos para cumplir con sus obligaciones fiscales, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no esté atendiendo con prontitud la demanda y deban realizar los trámites una y otra vez ya sea de manera virtual o presencial.
Y es que esta semana, el sistema de devoluciones del SAT presentó fallas en su sistema que no permitió a los contribuyentes recibir su devolución de impuestos; además, varios tuvieron que pagar un ISR diez veces superior a la devolución, el mismo sistema decía que debían sumas mayores.
Ahora debido a la falla, no se devolverán los saldos a favor en tres días tal como lo había prometido el presidente de la República y el mismo órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda.
Asimismo ha comenzado una cacería en contra de empresas para que cumplan su obligan ante el fisco con el fin de seguir utilizando los recursos para programas clientelares.
