Por unanimidad, aprueba el Pleno la iniciativa presentada el 9 de abril de este año por el diputado José Reveriano Marín Hernández y que modifica la Ley del Servicio Civil del estado.
Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen que adiciona el Artículo 111 Bis a la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz con lo que se separa el poder político de las instituciones sindicales e impide su injerencia en la vida interna de las organizaciones gremiales.
De acuerdo con lo aprobado, se establece que los sindicatos gozarán de protección adecuada contra todo acto de injerencia de las personas servidoras públicas, ya sea que este se realice de manera directa o por medio de sus representantes, en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo; así como en las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y la destitución de sus directivas.
Se entenderán como actos de injerencia sindical, las siguientes conductas: coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado; ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical u obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo.
También, condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical; ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical; negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical o utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical.
De igual forma, destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical; difundir propaganda, mensajes o material institucional que promueva o desacredite a una candidatura; permitir el uso de instalaciones, vehículos, redes o infraestructura pública para actos de campaña o propaganda; proporcionar apoyo o servicios institucionales para actividades de campaña; realizar aportaciones o solicitar contribuciones a subordinados para financiar campañas o actividades sindicales.
Asimismo, usar recursos o programas institucionales con la finalidad de posicionar o promover ante la base trabajadora a una persona servidora pública o dirigente; negarse sin causa justificada a entregar información solicitada por la autoridad sindical o laboral competente, relacionada con el desarrollo de elecciones o procesos democráticos; omitir colaborar o prestar auxilio en los procesos de verificación, vigilancia o supervisión sindical cuando la autoridad lo requiera u omitir actuar con imparcialidad durante los procesos electorales sindicales, afectando la equidad entre candidaturas.
Se considera igualmente, actuar con parcialidad o favorecer públicamente a determinada candidatura; intervenir indebidamente en la equidad del proceso sindical, alterando la neutralidad institucional, y utilizar su cargo para influir en la opinión de las personas trabajadoras, afectando la libertad del voto sindical.
Toda contravención a estas disposiciones será considerada falta administrativa grave y deberá ser sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación, instancias dictaminadoras, coinciden con el proponente en que las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras. Considerando como dichos actos las acciones o medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control.
El dictamen, aprobado con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa presentada el 9 de abril de este año por el diputado José Reveriano Marín Hernández, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Periodo, correspondiente al Segundo Año de Labores.
Posturas políticas
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Reveriano Marín Hernández, autor de la iniciativa, expresó con este proyecto se fortalece la transparencia y la integridad de la vida sindical, que evitará tentaciones y sancionará con proporcionalidad a quien se empeñe en estar por encima de la ley, “además se garantiza que la representación sindical responda únicamente a la voluntad de las trabajadoras y trabajadores”.
Añadió que esta reforma es una defensa firme de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado y garantiza que su organización sindical, su representación y su voz no estén sujetas a voluntades externas, sino solamente a su libre decisión.
Al posicionarse a favor del dictamen y en nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Estefanía Bastida Cuevas subrayó que la autonomía sindical protege la libertad, la justicia y la dignidad de quienes trabajan al servicio del Estado, “el sindicato es de sus trabajadoras y trabajadores, y a quienes tenemos un cargo público nos corresponde respetar sus decisiones”.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García dijo que con esta reforma se fija un límite claro para quienes ejercen una responsabilidad pública, “el cargo que ocupamos jamás debe convertirse en una herramienta para controlar la vida interna de una organización sindical”, por consiguiente, indicó, que respetar esa frontera protege a las personas trabajadoras, fortalece a sus organizaciones y contribuye a una vida pública más democrática.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar adelantó su respaldo al dictamen e indicó que el instituto político al cual pertenece siempre ha estado a favor de la autonomía sindical y criticó las prácticas que prevalecen en las cuales trabajadores son coaccionados para participar en mítines, “impulsemos las reformas que aún faltan para garantizar la libertad sindical”.
