El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, advirtió a todas las autoridades, al Congreso local, al presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, al Poder Judicial, al juez de control que lleva el caso de la síndica de Actopan, detenida hace tres meses; que es causa de juicio político impedir que un edil ejerza su mandato.
En conferencia de prensa, definió que el Gobernador no puede decidir quién es criminal o quien no, luego de que el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, informara que se habría girado una orden de aprehensión en contra del exalcalde, José Paulino Domínguez Sánchez, por ser el presunto autor intelectual del homicidio del periodista, Jorge Celestino Ruiz Vásquez, perpetrado en agosto del 2019.
“El Gobernador no puede estar dando ni diciendo quién es criminal y quién no, se tiene que demostrar a través de la justicia, por eso advertimos a las autoridades, al Congreso, al presidente del Congreso, al Poder Judicial, al Tribunal, que es causa de juicio político impedir que un edil ejerza su mandato”, recalcó.
Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se reponga la autoridad de ambos ediles, enfatizó que el gobierno de Morena debe respetar los derechos humanos, porque eso es lo que se está violentando y no se debe permitir en el Estado ni en el País, porque es un abuso de autoridad lo que se cometió en el caso de ambos ediles.
Guzmán Avilés, expresó que esto es un “cochinero” por el abuso de poder de Morena y en ese sentido criticó el revanchismo político que aplica Morena desde la Legislatura lo que llevó a que la Corte reconociera que hubo vicios en este asunto, “pero a los legisladores no les importó porque recibieron órdenes del Ejecutivo del Estado”.
“El llamado es para que se respeten los derechos humanos de cada uno de los afectados, pedimos que cese la persecución política, que se restituya el fuero, la libertad y el cargo del alcalde y la síndica y en el caso del suplente (José Alfredo López Carreto), que la Fiscalía General del Estado, investigue las coacciones y amenazas en contra de él y su familia, porque lo obligaron a renunciar”, sostuvo.
Asimismo, comentó que el Partido estará al pendiente de la liberación de la síndica y vigilará que no se violen sus derechos desde el Congreso.
Finalmente, manifestó que en su momento se deslindarán las responsabilidades correspondientes sobre los actos de autoridad avalados por el alcalde interino, Eduardo Carranza Barradas, toda vez que está usurpando la función de presidente municipal, avalado por el Congreso del Estado.
