Tras la sentencia de 17 años contra Gilberto N, familiares de víctimas de desaparición advierten que la justicia no debe limitarse a una sola persona y demandan esclarecer la cadena de mando en el caso de David, policía estatal hallado sin vid
Colectivos de familiares de personas desaparecidas se pronunciaron y exigen que las investigaciones continúen y alcancen a todos los responsables involucrados en el caso de desaparición de personas que involucra al ahora sentenciado a 17 años de cárcel, Gilberto N, exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
El pronunciamiento fue difundido en la localidad de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, en el contexto de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño derivada del proceso penal en contra del exfuncionario, sentenciado por un delito vinculado con la desaparición de personas, en agravio de David, elemento de la Policía Estatal.
Un juez de enjuiciamiento del distrito judicial de Xalapa dictó fallo condenatorio contra Gilberto N, dentro de la causa penal J-104/2024, resolución emitida el pasado 31 de marzo en el juzgado de procesos y procedimiento penal oral de esta ciudad.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, tras una investigación ministerial sólida y el desahogo de pruebas en juicio, se logró la sentencia de 17 años de prisión.
De acuerdo con las autoridades, el exservidor público realizó conductas orientadas a ocultar el paradero del cuerpo de la víctima y alteró las circunstancias de su localización con la finalidad de encubrir un delito de desaparición forzada.
Además de la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, su inhabilitación para desempeñar cargos públicos y el pago de la reparación del daño.
Las investigaciones revelaron graves irregularidades en el caso, entre ellas que el 19 de enero de 2016 fueron localizados restos humanos en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, donde en realidad había al menos 19 cuerpos.
Sin embargo, por instrucciones del entonces director de Servicios Periciales, únicamente se reportaron seis de manera oficial.
Asimismo, se documentó que el cuerpo de David, quien había sido reportado como desaparecido el 12 de enero de 2016 tras presuntamente ser privado de la libertad por compañeros de su corporación al salir del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública, fue trasladado a la localidad de Santa Ana, en Alto Lucero, para simular que había sido encontrado en ese sitio, pese a que ya había sido identificado.
El Policía Estatal fue localizado sin vida el 3 de febrero de 2016 junto a otros cuerpos en la barranca antes mencionada, en un caso que evidenció la manipulación de evidencia en investigaciones de alto impacto en Veracruz.
Los colectivos emitieron un posicionamiento en el que señalaron que la justicia no puede detenerse en la responsabilidad de una sola persona.
“Las familias de personas desaparecidas sabemos que la verdad no llega sola. La buscamos en el campo, en los archivos, en las fiscalías y en cada puerta que tocamos. Incluso cuando las propias instituciones que deberían protegerla la ocultan”, expresaron.
Subrayaron que este proceso judicial no sólo trata sobre un funcionario declarado culpable, sino sobre la responsabilidad del Estado mexicano y de las autoridades veracruzanas frente a las desapariciones y el derecho de las familias a la verdad y la justicia.
“Ocultar la verdad, también es desaparecer”, advirtieron, al señalar que la desaparición no termina con la privación de la libertad, sino que continúa cuando se oculta información, se alteran hallazgos o se manipulan registros.
Exigen investigar la cadena de mando
Los colectivos insistieron en que la ocultación de evidencia y la alteración de la verdad difícilmente ocurren sin conocimiento o autorización dentro de una estructura institucional, por lo que exigieron que se investigue a toda la cadena de mando.
“Es indispensable que las autoridades continúen investigando quién dio la orden, quién permitió esas acciones y quiénes integran la estructura responsable”, señalaron.
Agregaron que no buscan culpables aislados, sino garantías de no repetición y que nunca más se permita una práctica institucional que obstaculice la búsqueda de personas desaparecidas.
Asimismo, recordaron que el Estado tiene la obligación de investigar con debida diligencia, preservar indicios, garantizar la identificación de las víctimas, informar con veracidad a las familias y sancionar a quienes obstruyen la justicia.
Respaldo de colectivos y organizaciones
El documento fue respaldado por diversos colectivos de Veracruz, entre ellos Madres Luna, Buscando a sus Hijos de la Cuenca del Papaloapan, Camino Hasta Encontrarte, María Herrera Poza Rica, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Enlaces Xalapa, La Esperanza del Reencuentro, Buscando Corazones Perdidos, Fe, Fuerza y Esperanza de Nogales, Unidos por Amor a Ti de Coatzacoalcos, Unidos por la Paz Veracruz, entre otros.
El pronunciamiento también fue compartido por el Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz, que reiteró que la justicia no puede reducirse a una responsabilidad individual.
“En los casos de desaparición, la verdad exige investigar también las omisiones, los encubrimientos y las responsabilidades institucionales que han obstaculizado la búsqueda y el acceso a la justicia”, señaló el organismo.
Perfil y antecedentes del sentenciado
El exfuncionario fue detenido el 13 de abril de 2018. Aunque durante su proceso se acreditó que fue víctima de tortura, esto no impidió que fuera declarado culpable, por lo que deberá cumplir la pena impuesta.
Gilberto Aguirre Garza cuenta con formación en Derecho por la Universidad Veracruzana, además de una maestría en Ciencias Penales y un diplomado en Criminalística. A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Público y en la Fiscalía, destacando como director general de Servicios Periciales en distintos periodos entre 1994 y 2017.
La justicia no termina con una sentencia
Finalmente, los colectivos reiteraron que la sentencia representa apenas un paso en la búsqueda de justicia.
“La justicia no se agota en una sentencia. Empieza cuando el Estado reconoce su responsabilidad, garantiza la verdad y asegura que ninguna autoridad vuelva a intervenir para ocultar lo que debe investigarse”, concluyeron.
Y advirtieron que continuarán en la búsqueda de sus familiares desaparecidos: “Seguiremos nombrándolos, seguiremos exigiendo la verdad, porque cada omisión institucional prolonga la desaparición y cada acto de justicia abre un camino para encontrarles”.
