Si las comisiones Nacional de Derechos Humanos y la Estatal de Derechos Humanos, así como los partidos políticos consideran que la reforma al Código Penal recientemente aprobada para modificar el delito de ultrajes a la autoridad; va en contra de los valores y los principios que señala la Constitución federal, pueden promover una acción de inconstitucionalidad.
Así lo consideró el abogado Ricardo Morales Carrasco, miembro del Colegio de Abogados Juristas del Estado, quien además recordó que ya hubo una situación similar en la Ciudad de México.
Mencionó que en 2015 una señora recurrió al amparo indirecto 2255/2015 debido a que la sentenciaron por mentarle la madre a un policía, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es un delito y que era inconstitucional.
«Ya hay un precedente firme al respecto. El Congreso del Estado ha tenido experiencias tristes, me da tristeza que todos los asuntos que han llegado a la Suprema Corte, todos los ha perdido, todos han sido declarados inconstitucionales o bien porque extralimitaron o bien porque eran incompetenciales o bien porque les faltó la consulta previa, pero todos los han perdido», resaltó.
Por ello, recalcó que las comisiones de Derechos Humanos o los partidos políticos pueden recurrir a la acción de inconstitucionalidad o por agravio personal y directo como el caso del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.
Por su parte, el presidente del Colegio, Valentín Olmos, exigió a los 34 diputados que avalaron la reforma al Código Penal por el que se define como grave el delito de ultrajes a la autoridad, en qué se basaron para hacer dicha modificación.
Abundó que la señora afectada en 2015 recurrió al amparo indirecto y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió y definió que se estaba violentando el derecho a la libre manifestación y fue derogado del Código de la Ciudad de México.
«Aquí yo le exijo a los diputados que digan en qué se apoyaron para incrementar la pena, o a la fiscal general que nos diga cuántas carpetas de investigación existen o a la presidenta del Poder Judicial que nos diga cuántas sentencias existen por estos delitos, porque con base en ello tenían que determinar los legisladores. Esos 34 legisladores que votaron a favor están sonbreprotegiendo y esto va a seguir sucediendo», advirtió.
