La Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, integrada por las representaciones empresariales de las diversas regiones en territorio mexicano exigimos al Gobierno de México el establecimiento de medidas reales para que las empresas puedan enfrentar la actual situación sanitaria y económica del país, y así evitar que continúen perdiéndose empleos.
Es preciso recordar que la mayor parte de los empresarios en México dirigen micros y pequeños negocios, NO son millonarios, y lo más importante: arriesgan su capital y su patrimonio, dedicando su vida a una actividad lícita en la cual, además, generan empleos para los mexicanos.
Si medidas como los créditos solidarios no tuvieron el interés de las microempresas a las cuales estaban destinadas es porque evidentemente no son suficientes. Las empresas deben estar preparadas y disponer de facilidades reales que les permitan por una parte proteger los empleos que generan, y por la otra acceder a herramientas tecnológicas y de la comunicación para eficientar tiempos y procesos productivos y comerciales orientados a adaptarse a la nueva realidad social y económica global.
Como legítimos representantes de la iniciativa privada en cada una de nuestras regiones, estamos convencidos que nuestras propuestas y consideraciones deben ser integradas a los planes y proyectos impulsados a nivel nacional, tanto por el sector público como privado, con la visión respecto a las necesidades y oportunidades de cada región del país. No se puede pretender gobernar con medidas centralistas y uniformes ante una realidad diversa y de múltiples características.
Los empresarios y el gobierno NO somos enemigos: debemos ser aliados, trabajar coordinados y juntos implementar las medidas necesarias para superar la crítica situación.
Por lo anterior, los Consejos Empresariales Regionales asumimos nuestra responsabilidad de preservar y fomentar modelos efectivos de crecimiento económico, contribuir a planes y proyectos de los tres órdenes de gobierno, pero también nos reafirmamos como efectivos contrapesos de las decisiones y políticas gubernamentales de coyuntura. En lugar de acusar y dividir, entre nosotros debe prevalecer la voluntad de un México mejor para todos.
Todos los integrantes de la iniciativa privada mexicana, desde el pequeño locatario o productor estamos llamados a ser factor de equilibrio y crecimiento, colaborar y participar con las autoridades y representantes de la ip a nivel nacional, pero también ser firmes al momento de preservar y mejorar las condiciones en las cuales se desarrollan nuestros sectores y empresas, que deriven en una mayor generación de empleos y riqueza para beneficio de todos los mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, no su dueño. Por ello exigimos una vez más que su gobierno escuche, considere e incluya las opiniones y recomendaciones de todos los sectores de la sociedad, para enfrentar juntos un escenario de dificultades económicas que traerá consecuencias inéditas en la historia de nuestro país.
Al pedir el voto de los mexicanos, una de las principales propuestas que llevaron a López Obrador a la Presidencia fue instaurar en México una democracia participativa. Hoy, las representaciones empresariales regionales, al amparo del artículo 8 constitucional pedimos ser escuchados y no señalados por el gobierno.
Implementar medidas unilaterales sólo logrará que prevalezca la opinión de unos sobre otros, pero no sumar voluntades. Las políticas públicas no deben establecerse por decreto ni por consulta popular. Cada región de nuestro territorio posee distintas necesidades y oportunidades que, atendidas de manera específica, pueden contribuir de manera más ágil y firme al crecimiento nacional.
