El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Franco, criticó el posible proyecto del Gobierno Federal donde pretenden instalar dos nuevas casetas de peaje en los tramos Balastrera, Nogales, y Rancho Trejo, Amatlán, como parte del plan de modernización de la autopista Maltrata-Ciudad Mendoza- Orizaba y Córdoba de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Es una estupidez, un absurdo. Nosotros desde hace dos años nos opusimos a un proyecto absurdo e inoperante, porque ni siquiera va a tener beneficios para la comunidad”, dijo.
Agregó que la empresa colombiana Cal y Mayo, encargada de este proyecto, tiene antecedentes de corrupción.
Es de mencionar que los empresarios de Orizaba también se pronunciaron en contra de este proyecto, por lo que hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinabim y a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle a que no se realice la obra.
Empresarios rechazan proyecto federal de 2 nuevas casetas en Nogales y Amatlán
Organismos empresariales de la región Orizaba-Córdoba alzaron la voz en rechazo al nuevo proyecto federal que pretende instalar dos casetas de peaje en los tramos Balastrera, Nogales, y Rancho Trejo, Amatlán, como parte del plan de modernización de la autopista Maltrata-Ciudad Mendoza- Orizaba y Córdoba.
En conferencia de prensa, representantes de las cámaras adheridas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como: CANACO Orizaba y Córdoba, CANACINTRA, CANACAR y COPARMEX, advirtieron que el proyecto, además de innecesario, representa un riesgo técnico, ambiental y económico para la región, pues contempla ampliar carriles y realizar trabajos en zonas altamente sensibles, donde cruzan ríos, ductos de Pemex, líneas eléctricas de la CFE y estructuras de telecomunicaciones.
Los empresarios explicaron que el nuevo planteamiento contempla una intervención de 45 kilómetros, cuando la propuesta original abarcaba 42.5 kilómetros, comprendidos entre Rancho Trejo, Amatlán y Cecilio Terán, Nogales.
Sin embargo, señalaron que nadie ha aclarado en qué tramo se agregan los 2.5 kilómetros adicionales, lo que genera dudas sobre el verdadero alcance del proyecto.
Además no hay justificación técnica ni social para volver a imponer peajes; la eliminación de la caseta de Fortín demostró que el flujo vehicular puede ser eficiente sin castigar al usuario, sostuvo la presidenta de la Canaco Orizaba, al reiterar que el regreso de este esquema afectará directamente a 12 municipios de la zona centro, como a automovilistas usuarios de todo el país, ya que está vía rápida conecta del Sureste con el Altiplano.
De acuerdo con los organismos empresariales, las obras implicarían más de ocho meses de trabajos intensivos, incluyendo la remoción o modificación de puentes y el reacomodo de líneas eléctricas y ductos de Pemex, lo cual advirtieron generara vibraciones y riesgos estructurales en instalaciones estratégicas, particularmente en Escamela y Ciudad Mendoza.
Los empresarios también cuestionaron la falta de claridad del gobierno federal y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que junto con la empresa «Cal y Mayor y Asociado», retomaron el proyecto presentado en 2022 como alternativa ante la presencia de la extinta caseta de Fortín 045.
En aquel momento, recordaron, el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que la propuesta no era viable ni técnica ni socialmente, por lo que fue descartada.
«Revivir esta idea es retroceder; no sólo se frenará la movilidad, también se golpeará la competitividad regional y se impondrá un nuevo costo a los habitantes y empresarios locales”, enfatizaron.
Por último, los representantes del sector privado hicieron un llamado directo a la presidenta de la República Claudia Sheimbaun Pardo y a la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que no autorice ni permita la ejecución de un proyecto que no resuelve ningún problema real, sino que abre la puerta a un nuevo conflicto carretero con amplias repercusiones para la economía del corredor Córdoba–Orizaba–Mendoza.
