Docentes integrantes de Fuerza Magisterial, informaron que además de las tres denuncias presentadas en el mes de diciembre contra servidores de la SEV, interpusieron denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior, queja ante la CEDH, así como demanda laboral para la restitución de los derechos de los afectados a quienes se les continúa haciendo descuentos vía nómina.
En conferencia de prensa, los afectados, junto con sus abogados, explicaron que además interpusieron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Los docentes y sus abogados reconocen que estos convenios no se llevaron a cabo en la presente administración, sin embargo, al haber tomado el cargo hace dos años, debieron reportar cualquier acto ilícito ante la Contraloría General del Estado.
Al no haberlo hecho se convirtieron más que en cómplices en ejecutores del acto ilícito.
Agregaron que también interpusieron juicios de amparo contra el Órgano de Fiscalización Superior y la Fiscalía para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
«Si ganamos esos amparos van a obligar tanto al ORFIS como a la Fiscalía a investigar. Van a obligar al ORFIS a practicar la auditoría a la Dirección General de Nóminas de la SEV para investigar cuántos son los afectados», destacó el representante legal de Grupo Omerta Miguel Matus Blanco.
Puntualizó que aunque ellos están llevando la defensa de unos 200 maestros, el tema es mucho más grave toda vez que hay miles de afectados y no sólo de la SEV, sino de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas, el Instituto de Pensiones del Estado e IMSS a nivel federal, entre otras.
Aclararon que la defensa no busca evadir el pago ya que en muchos casos reconocen que sí solicitaron los préstamos, pero en otros hay la presunción de que hubo falsificación de documentos y firmas.
El abogado añadió que también presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en este momento están en etapa de solventación.
«Estamos agotando toda las vías legales jurídicas. Vamos a entablar una demanda laboral para que se declare judicialmente la nulidad del acto para restituir los derechos de los trabajadores», subrayó.
Exhortó al ORFIS, a la Fiscalía, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los responsables, que serían los funcionarios de la SEV para que tutelen los derechos humanos de los trabajadores.
Definió que los delitos por los que fueron denunciados el secretario, la oficial mayor y el director general de Nóminas, es por incumplimiento de un deber legal y por abuso de autoridad.
Toda vez que su obligación era pagar el salario como lo marca la ley, pero al dejarlo de hacer están incumpliendo el servicio público y el abuso de autoridad es porque están ejecutando acciones ilícitas.
Destacó que otra de las denuncias presentadas es por usura, por la usurpación de identidades y lo que resulte porque hay casos de docentes que sufren descuentos pero a ellos no pidieron los créditos.
Los préstamos van desde los 10 mil hasta los 300 mil, pero los maestros terminan pagando hasta un millón de pesos.
