Alfonso Durazo Montaño, extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y actual candidato a la gubernatura de Sonora por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tendría al menos nueve propiedades en México y Estados Unidos con un valor de más de 200 millones de pesos, según reveló el periodista Carlos Loret de Mola.
No obstante, el candidato de Morena se desempeñó como administrador único cuando se realizaron la mayoría de las compras de estos inmuebles.
Entre las propiedades adquiridas, destacan un rancho de mil hectáreas, casas, locales comerciales de alta plusvalía, un edificio, del que renta 500 metros cuadrados a la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, y una casa en Bahía de Kino, la cual era de Amado Carrillo Barragán, hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
En 2018, Durazo aceptó en su declaración patrimonial, ser el propietario de dos cuentas bancarias que se encuentran a nombre de la Inmobiliaria.
De acuerdo con el reportaje del medio, las propiedades fueron adquiridas entre 1994 y 2016, cuando Durazo se desempeñó como funcionario público.
A través de un comunicado, Durazo aseguró que los recursos y bienes con los que cuenta él y su familia inmediata, son producto de su trabajo y provienen de actividades lícitas. Asimismo manifestó estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En ese sentido, Alfonso Durazo otorgó autorización a cualquier autoridad para que revise el origen de sus recursos económicos, fondos de cuentas bancarias y toda actividad empresarial con la que cuente.
“Defenderé el derecho a la ciudadanía a estar informada, y que con esa convicción doy carta abierta a cualquier autoridad para que revise las fuentes de origen de mis ingresos y recursos económicos, fondos en cuentas bancarias y toda actividad empresarial, profesional donde tengo participación y representación legal”, agregó.
Por último, el exsecretario reiteró su compromiso por la información a favor de los ciudadanos, y por la transparencia del patrimonio y la integridad profesional de quienes buscan cargos públicos.
