Un Juzgado federal de la Ciudad de México detuvo el proceso de extradición a Rumanía de Florian Tudor, presunto líder de una mafia rumana que opera en Cancún, Quintana Roo.
Un Juez del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa concedió “una suspensión de plano” a Tudor.
Ante ello, el juzgador explicó que la suspensión decretada sólo surtirá efectos si los actos pusieran en peligro la vida del ciudadano rumano o que permitiera su destierro, deportación y extradición del país.
Asimismo, se declaró incompetente para continuar con el proceso, ya que argumentó que deberá quedar a disposición del Juzgado de Distrito de Amparo en Material Penal.
Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que cumplimentó una orden de aprehensión provisional con fines de extradición contra Florian Tudor.
En una breve tarjeta informativa, la dependencia detalló que fue capturado “en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición, formulada por el Gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, todo lo cual fue tramitado y obtenido por la propia Fiscalía General de la República, ante un Juez de Control del Reclusorio Norte”.
Mientras que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), felicitó a la FGR por la detención de Tudor, la cual está vinculada a un “caso denunciado en su momento” por esa institución.
Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, había dicho la mañana de este viernes, que el proceso de extradición a Rumanía de Florian Tudor, sería “muy rápido”.
Ebrard no supo detallar si la extradición será este viernes o el fin de semana pero reiteró que “podría ser muy rápido”.
La banda de Tudor, conocido como “El Tiburón”, está acusada de dedicarse a la clonación de tarjetas bancarias, la trata de personas y la extorsión y tendría presencia en al menos 15 países, mientras en México habría actuado en 14 estados del país, con apoyo de funcionarios y empresas fantasmas.
