Florida. En los últimos cinco meses, las autoridades policiales de Florida han arrestado a más de 6 mil personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, anunció el viernes un funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, mientras el estado continúa con su agresivo enfoque para impulsar la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.
Paralelamente al anuncio, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional declararon que reembolsarán al estado casi 30 millones de dólares por gastos relacionados con la inmigración, lo que subraya la creciente importancia de Florida para la gran ofensiva migratoria del gobierno de Trump. En un evento realizado el viernes en Tallahassee, Madison Sheahan, subdirectora de Inmigración y Control de Aduanas, celebró los esfuerzos de Florida y dijo que la agencia distribuirá mil 700 millones de dólares a las fuerzas del orden estatales y locales en todo el país.
“Nuestros socios federales están ahí con un talonario de cheques, listos para emitirlos”, dijo Rob Hardwick, jefe policial del condado de St. Johns, al sur de Jacksonville. Por sí solos, los agentes de Hardwick han realizado más de 700 arrestos relacionados con la inmigración, según un funcionario estatal.
“Les recomiendo que se unan”, dijo Hardwick en la conferencia de prensa del viernes, en un mensaje dirigido a otros funcionarios de las fuerzas del orden locales.
Los más de 6 mil arrestos realizados en Florida se comparan con los más de 5 mil efectuados en un período de tres meses en el área de Los Ángeles, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y con los más de 940 arrestos que las autoridades realizaron en un mes durante una operación en Washington, D.C.
Las autoridades locales y estatales de Florida han sido facultadas para poner en marcha un amplio esfuerzo de aplicación de la ley de inmigración para arrestar a residentes que carecen de estatus legal, gracias a la reactivación por parte del gobierno de Trump de un antiguo programa federal que delega autoridad a la policía local, a los jefes policiales de los condados y a las agencias estatales.
En el estado adoptivo del presidente, más departamentos locales y estatales han firmado los convenios conocidos como acuerdos 287(g) que en cualquier otro estado, elevando el número total a 1.036. Algunas instituciones participantes parecen tener poco o nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Servicios de Lotería de Florida.
El anuncio de financiación del viernes incluye más de 10 millones de dólares para agencias locales en Florida y otros 28.5 millones para socios a nivel estatal, con el fin de ayudar a cubrir costos de equipo y transporte y compensar los gastos de salario, prestaciones y horas extras de los más de 4 mil 700 agentes de Florida que ahora están facultados para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración.
“Esto es solo el comienzo”, dijo el viernes el gobernador republicano Ron DeSantis.
También el viernes, las autoridades anunciaron que, en una operación efectuada por organismos locales, estatales y federales, se realizaron más de 350 arrestos en el centro de Florida en un lapso de cuatro días. En declaraciones hechas a los periodistas en un evento en Cocoa, Florida, Jeff Dinise, agente jefe de patrulla del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijo que el gobierno federal no tiene “mejor socio” que el estado de Florida, y presentó a la entidad como un modelo nacional.
“El estado de Florida y nuestros alguaciles de Florida están incorporados en cada faceta de la seguridad nacional”, afirmó Dinise.
En un estado donde casi la cuarta parte de los residentes nacieron en el extranjero y gran parte de la economía está impulsada por el turismo, la hospitalidad y la agricultura, Florida es un lugar ideal para que las fuerzas del orden encuentren y detengan a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, en operaciones dirigidas que los defensores de los inmigrantes califican como discriminatorias. Las paradas de tráfico destinadas a capturar a trabajadores inmigrantes sin estatus legal mientras se dirigen a un lugar de trabajo han llevado a arrestar a al menos dos ciudadanos estadunidenses en Florida.
El estado también aporta cientos de millones de dólares para albergar a detenidos inmigrantes para el gobierno federal, manteniéndolos en instalaciones administradas por el estado mientras apelan sus casos o esperan la deportación. El centro de detención improvisado en los Everglades de Florida, apodado “Alcatraz de los caimanes”, ha sido objetivo de múltiples demandas federales que buscan cerrar el remoto complejo de tiendas de campaña y remolques.
A principios de este mes, las autoridades de Florida anunciaron la apertura de una segunda instalación de detención de inmigrantes en una prisión estatal al este de Jacksonville.
