Al participar en el foro “Reforma al Sistema Universal de Pensiones”, organizado por el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, Héctor Villareal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, indicó que es necesario revisar el tope máximo de pensiones del sector público no fondeadas, hablar de un sistema nacional de pensiones y de una ley marco que rija al sistema completo.
“A nivel fiscal lo que estamos viviendo con las pensiones ya es una tragedia y si no se arregla, no estamos hablando de efectos de uno o dos años, fiscalmente podemos matar a una generación completa”, apuntó.
Explicó que entre sus proyecciones, para 2024 el gasto federal en pensiones, incluyendo la no contributiva, puede rebasar el 6.5 por ciento del PIB; “si nos vamos a otros compromisos como el servicio de deuda va a meter al sistema fiscal en una situación complicada y puede haber una serie de riesgos sistémicos que terminen dañando al sistema fiscal completo y pongan en riesgo a la economía del país”.
Del Centro de Estudios “Espinosa Yglesias”, Enrique Díaz Infante señaló que el problema de pensiones no sólo es de sostenibilidad, también de fragmentación, cobertura y desigualdad, por lo que llamó a generar ingresos recurrentes para financiar este tipo de gasto.
“No podemos seguir queriendo financiar un gasto constante, como las pensiones, con ingresos extraordinarios, como el petróleo”, agregó.
Indicó que para 2025 será mayor la población dependiente que la no dependiente; además, hay problemas en la formación de capital humano y físico. “Se debe hacer un inventario de todos los sistemas de pensiones y hacer un cambio actuarial sobre cuánto es el pasivo que existe a nivel estatal. Nuestra propuesta es un Sistema de Seguridad Social Universal que sea financiado por impuestos generales, producto de una reforma hacendaria”.
En su oportunidad, Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la AMAFORE, comentó que se debe apoyar al sector informal, es decir a los trabajadores independientes que no están adscritos al Seguro Social. “Yo creo que esta herramienta del ahorro voluntario puede ser muy poderosa para este tipo de trabajadores que les permita comprar semanas de cotización y financiarse una pensión”.
Por Coparmex, Virginia Ríos Hernández sugirió incrementar paulatinamente la edad en el derecho a una pensión por cesantía y vejez, así como la pensión por desempleo y la que da el Gobierno y que no es contributiva. Afirmó que las Afores tienen un buen funcionamiento y gran parte de las y los trabajadores “no estarían de acuerdo en que esos recursos se usaran para financiar o hacer pagos de las pensiones de otras personas”.
El vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco, Juan Carlos Ramírez Góngora, llamó a tomar decisiones rápidas y certeras. Recordó que lo que prevalece en el país es la economía informal, pues seis de cada diez trabajadores se encuentran en ella, además de que gobiernos estatales y municipales destinan cantidades importantes a la parte social. “Necesitamos establecer un sistema para logar que esa economía también contribuya, o fijar un régimen tributario para ellos”.
En la reunión a distancia, el coordinador del Grupo de Trabajo, Alfonso Ramírez Cuellar (Morena), informó que las recomendaciones serán integradas a un documento que entregarán el 15 de agosto a la Cámara de Diputados.
