La teoría del caso que está tratando de probar la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los empresarios y abogados Rafael «N» y Jesús Chaín «N», por la presunta desaparición de una persona, no tiene lógica, toda vez que entre Armida «N» y ellos existen pugnas legales por el presunto delito de extorsión y el intento de homicidio.
«Si estas personas tienen intereses contrarios y pugnas legales tanto en denuncias de extorsión y tentativa de homicidio, el ilógica la teoría del caso, la hipótesis que expone la fiscalía veracruzana en el sentido de que existe una confabulación de todos, incluyendo a la exalcaldesa con los empresarios para desaparecer a esta persona», expuso Raúl Cid Osorio, abogado defensor de los empresarios detenidos en un operativo en Boca del Río, el pasado 21 de julio.
Previo a la continuación de la audiencia en este distrito judicial, manifestó que no le encuentran «ni pies ni cabeza», lo cual será expuesto a la juez de control.
Manifestó que la conclusión del atentado del que fueran víctimas ambos detenidos es porque momentos previos a la balacera vieron «perfectamente» en otro vehículo a Armida «N».
«Por eso hacen esa conjetura fundada de que ya venían haciendo un rastreo por parte de ella y minutos después sufren el atentado. Ella está señalada como presunta autora de esa tentativa de homicidio», abundó.
El Abogado señaló que los empresarios pagaron el «moche» a una persona, porque así se lo exigió la presunta operadora financiera de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.
Recordó que sus representados no son los dueños de la empresa a la que se le habría pedido la cantidad de 2.5 millones de pesos, ellos asesoraban a la empresa que iba a prestar el servicio de alimentos a la dependencia deportiva.
«Al final de cuentas no se armó esa forma de operar y aunque sí lo obtuvieron de manera legal, está persona, Armida N sí les exigió esa cantidad de dinero y ellos ante las amenazas, se vieron obligados a entregar esa cantidad de dinero», añadió.
Hoy la defensa espera que la juez no se deje llevar por «intereses» de parte de la Fiscalía o intereses políticos sino que resuelvan conforme a Derecho.
Adelantó que en el caso de que la juzgadora llegara a estimar suficientes los indicios para vincular a proceso, recurrirán al amparo.
