Un juez federal otorgó un amparo al testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), Antonio Tarek Abdalá Saad, sentencia que ordena dejar sin efecto la orden de aprehensión que libró en su contra un juez de control del estado de Veracruz.
La orden de captura fue emitida por Gregorio Esteban Noriega Velasco, juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, en Pacho Viejo, Veracruz, el 16 de abril de 2020.
La Fiscalía General de Justicia de la citada entidad señaló a Antonio Tarek por los presuntos delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz.
La sentencia del juez federal ordena a Esteban Noriega a volverse a pronunciar sobre la orden de captura y, en caso de reiterar su decisión, que funde y motive cuáles son los hechos que se le atribuyen al ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
Además, tiene que precisar qué datos de prueban permiten establecer la existencia de los citados delitos, y porqué se actualiza o no la necesidad de cautela. En 2020, la Fiscalía de Veracruz solicitó 25 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Tarek Abdalá y de accionistas de empresas fantasma a través de las cuales probablemente se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Según la pesquisa, los delitos se cometieron cuando Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte, fue la presidenta del patronato del DIF en Veracruz, época en la que Antonio Tarek era tesorero de la Secretaría de Finanzas.
El juez de control consideró que durante el periodo en que la investigada estuvo al frente del patronato (aunque no precisó su nombre), diversas empresas (no señaló cuáles) recibieron recursos de dicha institución. Asimismo el juez señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera, logró identificar a 26 empresas fachada, entre las cuales se encontraban las favorecidas ilícitamente por los hechos investigados, mismas que fueron beneficiadas con recursos provenientes del DIF, por un monto en conjunto de al menos 224 millones 25 mil 477 pesos durante el periodo comprendido del 27 de abril de 2012 al 29 de enero de 2016, y que dichas operaciones fueron coordinadas por al menos 93 personas, entre ellos Antonio Tarek y otros servidores públicos.
El ex tesorero, quien es testigo colaborador de la FGR, fue pieza clave para llevar a prisión y sentenciar al ex gobernador Javier Duarte. El último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le otorgó un criterio de oportunidad, evitando así que se le imputara por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, pese a que su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.
Contra él, también existen dos órdenes de aprehensión más, por probablemente disponer de 2 mil 300 millones de pesos con lo que se dejó de proveer de elementos de salud a los veracruzanos. También, porque como tesorero presuntamente hizo uso de 303 millones 915 mil 816 pesos retenidos al Sindicato del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, para un fin distinto al que estaban destinados, pues se cree que ordenó que se transfirieran a una cuenta única de la Tesorería destinada a la administración de los recursos públicos estatales para gasto corriente.
Con información de Milenio NOTICIAS
