La Secretaría de la Función Pública determinó sancionar a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por acreditarse la falta de veracidad en declaraciones patrimoniales.
Estas declaraciones habrían sido de tres años consecutivos, cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público.
Videgaray Caso “fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal”, señaló la Secretaría de la Función Pública en un comunicado.
La dependencia indicó que en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados.
“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”, finalizó la dependencia.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) también vinculado a la misma compra y que está siendo procesado en México por varios delitos de corrupción, involucró a Videgaray en distintas actividades de sobornos y financiación irregular de campañas electorales. Lozoya hizo un acuerdo con la fiscalía para colaborar con la justicia.
Desde entonces, Videgaray está en la mira de la fiscalía federal, que a finales del año pasado intentó obtener una orden de arresto contra el exfuncionario. Según dijo en aquel momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, un juez rechazó el pedido.
Los cargos al parecer estaban relacionados con una demanda legal presentada por Lozoya, quien alegó que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos cinco senadores, para que apoyaran reformas en el sector energético.
Otra alta funcionaria del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, extitular de Desarrollo Social y que también está procesada por uso ilícito de fondos públicos, también involucró a Videgaray en actos de corrupción.
El exsecretario, actualmente miembro de facultad de la Escuela de Administración Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha negado todas las acusaciones de forma reiterada.
Tras los señalamientos del exdirector de Pemex emitió un comunicado en el que aseguró que “las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas”. “Además, son absurdas, inconsistentes, temerarias”.
“El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, escribió entonces.
