Estaba en penumbras cuando comenzaron a forcejear la puerta de su casa. Beatriz Uscanga dio un brinco y corrió a la entrada para luchar.
Dentro dormían su madre enferma y su hija adolescente. Pasaban de la una de la madrugada del miércoles. La puerta cedió y ella contuvo con el cuerpo los empellones desde fuera.
Ni le dio tiempo de encender las luces.
Pero bajo la tenue luz de la noche vio a un hombre con la cara cubierta, que alcanzó a meter el brazo por el resquicio de la puerta, la sujetó del cabello y comenzó a azotar su cabeza contra la pared, varias veces.
Como Beatriz no renunciaba, también le dio puñetazos en la cara y el cuerpo. El agresor no decía palabra alguna. Ella tampoco había pronunciado nada, lo que se dice o pregunta en esos casos: imaginaba de qué se trataba. Era un extraño forcejeo mudo de furia y desesperación.
Hasta que el sujeto entró de lleno. Entonces se rompió el silencio.
—¡Ya, cabrón! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? —gritó por fin Beatriz, echándose para atrás.
El siguió sin hablar. Sacó un puñal y lanzó dos tajadas veloces al vientre de Beatriz, que alcanzó a moverse, sintiendo las heridas. El asalto continuó, los golpes del hombre y los manotazos de Beatriz. Ella, ante todo, quería evitar que el agresor se metiera más a su casa y les hiciera daño a su madre y su hija. Beatriz alcanzó a encender la luz y fue cuando el hombre huyó. Ella, aturdida por los golpes, escuchó que la puerta de un auto se cerraba y arrancaba, seguido de una motocicleta. Se revisó el cuerpo, la parte donde había sangre. Se vio dos cortadas largas en el estómago, por suerte, no demasiado profundas.
Beatriz, originaria de Cosamaloapan, en Veracruz, lo considera un atentado, el segundo del que sale con vida. “Espero que no haya un tercero, porque no creo que vaya a contarla”, dice ella en entrevista telefónica. Vivir así, amenazada y con miedo, es el saldo de su lucha para exigir justicia por su hijo, Sebastián Menéndez. Durante un tiempo, desde septiembre de 2025, a Sebastián se lo consideró desaparecido, uno de los 135.000 casos registrados en México. Y así lo buscó Beatriz, en compañía de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Su hijo tenía entonces 18 años.
Poco después, en marzo de este año, se supo que Sebastián había sido víctima de reclutamiento forzado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue llamado a Guadalajara mediante una oferta laboral engañosa, uno de los principales modos de operación del sanguinario cartel para engrosar sus filas con jóvenes marginados, obligados a delinquir bajo amenazas contra ellos mismos y sus familias. Sebastián ahora está en prisión por presunto robo de autos, delito que, asegura, cometió contra su voluntad.
El caso de Beatriz y su hijo puede resultar difícil de clasificar, pues Sebastián no es propiamente un desaparecido, aunque transitoriamente lo fue. Lo que permanece es su condición de víctima de la misma circunstancia: la hidra criminal que mutila a miles de familias en México, la estructura de colusión de narcos y funcionarios corruptos que produce incesantemente asesinatos, levantamientos, desapariciones y desplazamientos. Beatriz despeja las dudas y se define a sí misma como una madre que busca a un hijo que le fue arrancado.
Por su activismo en Jalisco, a donde fue desde Veracruz a buscar a Sebastián cuando aún no sabía nada de él, en 2025, Beatriz fue atacada por un grupo de hombres tras salir de una misa. Golpeada a puños y patadas, en el piso, escuchó la advertencia: que se fuera de Jalisco.
Lo hizo con la garantía, de parte de las autoridades, de que gozaría de medidas de protección institucional desde los tres órdenes de Gobierno. Le ofrecieron, según ella misma, que llamase por teléfono ante alguna amenaza para que acudiesen en su auxilio. Precaria protección. El ataque del miércoles no fue un asunto aislado. Las amenazas nunca cesaron. Las llamadas, las coronas fúnebres afuera de su casa, los mensajes con insultos: “Sigues tú”, “sigue tu hija”, “Q.E.P.D.”.
Y entonces vino lo de esta semana. Beatriz llamó al 911 poco antes de las dos de la madrugada. Le prometieron que ya iban vehículos patrulla en camino. Pero nunca llegaron, cuenta.
Mejor dicho, llegaron 16 horas después, la tarde del mismo día. Era una patrulla de la Policía Estatal de Veracruz. Ella recibió con reclamos a los agentes, que no parecían entender a qué venía su enojo.
—¿Por qué tardaron tanto? —les lanzó Beatriz.
—Cálmate, Bety, ¿cómo que por qué tardamos? —la inquirió una comandante.
Beatriz, por si no eran suficientemente elocuentes los moretones en la cara, se alzó la blusa y mostró el vientre con sangre reseca en las heridas.
—Dios, ¿qué te pasó? —preguntó la policía, sorprendida.
Beatriz se extrañó. Les hizo el relato del horror de la madrugada. La comandante se disculpó, le dijo que no sabían, que no les habían informado de nada, que en realidad habían ido a verla para recabar una firma protocolaria. La mujer policía prometió que comentaría el asunto en la Fiscalía estatal.
Hasta ahora, momento de esta publicación, dice, no se ha presentado alguna autoridad en su casa, no la han llamado, no han ido a darle atención médica. Beatriz acusa náuseas, mareos, vómito, resultado de los golpes en la cabeza. Ella no quiere salir de casa y dejar a su madre y su hija solas. “Ellas dependen de mí; mi hijo depende de mí”, dice. “Pero a las madres buscadoras nadie nos protege”. Muchas han muerto ya.
FUENTE: EL PAÍS
