Madres de personas desaparecidas de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua, participaron en el Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras 2025, convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el cual concluyó con un mitin en el antimonumento ubicado frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Los familiares colocaron 19 placas con los nombres de sus seres queridos, como acto simbólico para mantener la visibilidad del problema de personas desaparecidas en todo el país.
Con estos nuevos nombres, sumaron 311 las personas recordadas en el antimonumento, “que se ha convertido en símbolo de resistencia, amor y denuncia ante la impunidad”, señaló el Cedehm en un boletín de prensa.
“Desde este acto de memoria, las familias buscamos también hacer un llamado firme y urgente a las autoridades estatales y al Congreso de Chihuahua, cada plaquita representa una vida arrebatada y una familia que no deja de buscar”.
Sobre el encuentro, explicaron que permitió “tejer redes de acompañamiento, fortalecer la organización comunitaria y reafirmar que la búsqueda es una tarea que el Estado debe asumir con seriedad, recursos y sensibilidad”.
Fue “un espacio de encuentro, memoria y fortalecimiento colectivo que reunió a mujeres de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua”.
“Durante estos dos días, compartimos nuestras experiencias en la búsqueda de nuestros seres queridos y participamos en talleres de formación y reflexión, donde abordamos temas como el funcionamiento de la Fiscalía, los derechos de las víctimas, el contexto de la violencia en Chihuahua y las herramientas legales disponibles para la búsqueda y la exigencia de justicia”.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua, señaló que a pesar de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, uno de los mayores retos ha sido su implementación efectiva. “En el caso de Chihuahua, si bien se ha anunciado la próxima creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición, las familias exigimos que este proceso se realice con nuestra participación directa y que se destinen los recursos necesarios para que las labores de búsqueda e investigación sean reales, oportunas y humanas”.
“No queremos una fiscalía que exista sólo en el papel. Queremos una institución que busque con nosotras, que escuche, que acompañe y que actúe”.
“Cada nombre grabado en el antimonumento nos recuerda que la desaparición no es una cifra, sino una herida abierta en nuestra sociedad”.
En Zihuatanejo, Guerrero, organizaciones advirtieron que México carece de capacidad institucional para enfrentar la desaparición de personas
En ese contexto, desde el municipio de Zihuatanejo, Guerrero el colectivo Memoria, verdad y Justicia de Acapulco, hizo un llamado a autoridades federales a aceptar la cooperación internacional para hacer frente a la desaparición de personas en México, la cual calificaron madres buscadoras como una crisis humanitaria en el país.
Con motivo de la cuadragésima tercera Exposición itinerante de personas desaparecidas en el estado de Guerrero, el colectivo Memoria Verdad y Justicia de Acapulco llevó a cabo la colocación de fotografías de personas no localizadas, en lo que las madres llamaron sitios de esperanza, ubicados en las inmediaciones del palacio municipal de Zihuatanejo de Azueta, en la región de Costa Grande.
Su presidenta, Socorro Gil Guzmán, expresó que «en estos momentos ha sido necesario que varias organizaciones y colectivos de familias lleven a otras tribunas de responsabilidades internacionales al Estado mexicano, que no ha cumplido, y una de estas es, entre otras, la protección a la población por desaparición de personas».
Gil Guzmán, quien busca a su hijo desaparecido desde el 5 de diciembre de 2018, recordó que se concretó la entrada en vigor del Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que el Estado mexicano firmó y ratificó, y por ello está obligado a cumplir, pues con la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 2017, no han sido capaces de dar cumplimiento al propósito de proteger a la población mexicana contra las desapariciones forzadas.
Advirtió que México será observado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, la cual propondrá apoyo técnico para superar la crisis de desaparición.
«Esperamos que el Estado mexicano acepte, pues ha demostrado que no tiene la capacidad, por sí mismo, de proteger a la población contra este grave delito, sumando más de 133 mil personas desaparecidas de 1996 a la fecha», señaló.
El colectivo indicó que son urgentes las medidas de prevención, búsqueda inmediata y la identificación forense para abatir el rezago de más de 70 mil cadáveres no identificados, almacenados en locales y camiones forenses, las investigaciones de los responsables, la atención a las familias para continuar en búsqueda de las personas desaparecidas, atención médica, asistencia psicológica, apoyo económico, medidas de no repetición y poder llegar a la restitución digna; para lo cual se requiere capacitar a un grupo amplio de profesionales de todas las áreas del conocimiento.
Las buscadoras han presentado exposiciones de fichas de personas desaparecidas en Acapulco, Chilpancingo, Petatlán, en Taxco y ahora en Zihuatanejo, donde han intervenido árboles de la Memoria y la Esperanza, con fotografías de sus seres queridos, los cuales fueron desaparecidos forzadamente.
Asimismo, madres reprocharon que el Estado no reconozca la crisis humanitaria, la cual se expresa en asesinatos, desaparición de personas, feminicidios, cuerpos sin identificar, desplazamientos forzados, trata de mujeres y niñas, trabajo esclavo, entre otras problemáticas.
