Desde el primer minuto de este jueves 29 de mayo iniciará el periodo de veda electoral rumbo a las inéditas e históricas elecciones del próximo domingo, donde se definirán más de 2.000 cargos judiciales, incluidas nueve vacantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este periodo, establecido por ley, tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un espacio libre de propaganda política para reflexionar sobre su voto.
Las reglas electorales disponen que durante estos días toda difusión de actos públicos de campaña, propaganda o proselitismo, así como la publicación de encuestas sobre preferencias electorales estarán prohibidas.
En esta elección extraordinaria se elegirán nueve magistrados o magistradas de la SCJN, dos magistraturas de la Sala Superior y 15 de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito y 1.800 cargos en los poderes judiciales locales.
Desde el 30 de marzo, 7.773 candidaturas llevaron a cabo campañas en todo el país y este miércoles fue el último día permitido para actividades proselitistas.
Para facilitar el acceso a la información, el Instituto Nacional Electoral (INE) recordó la plataforma ‘Conóceles, Practica y Ubica’, donde la ciudadanía puede consultar los perfiles de candidaturas, practicar el voto y conocer la ubicación de casillas.
«La veda electoral tiene como finalidad permitir que la ciudadanía tenga un espacio de reflexión previo y durante el día de la Jornada Electoral, para favorecer un voto libre e informado”, indicó el INE.
Además, se declaró listo para asumir el reto de la organización de las primeras elecciones del Poder Judicial, al tiempo que reiteró su llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo domingo.
Se trata de la primera ocasión en la que integrantes del máximo tribunal del país y otros cargos relevantes del Poder Judicial serán elegidos por voto popular, lo cual representa un giro histórico en la configuración de la justicia en México y plantea retos inéditos en términos de transparencia, participación ciudadana e independencia judicial.
Especialistas y observadores nacionales e internacionales han mostrado atención a este proceso, por su potencial impacto en la arquitectura institucional del país y la forma en que se administra justicia a nivel federal y local.
