- Presenta Montserrat Ortega iniciativa que reforma la Constitución local para incluir como requisito indispensable para ocupar cargos el no ser violentador o deudor alimentario
Xalapa, Ver., 27 de febrero de 2025.- La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno de la Diputación Permanente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para armonizar la legislación local con la reforma constitucional denominada “3 de 3 contra la violencia de género”.
De acuerdo con la propuesta de la diputada, se prevé incluir en la Constitución local que sería requisito indispensable para ser electas o designadas en puestos de gobernador o gobernadora, diputadas o diputados, ediles de ayuntamientos, del servicio en la administración pública, de los organismos autónomos y del Poder Judicial del Estado, el no haber cometido de manera intencional delitos contra la vida y la integridad corporal.
Además de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual; de violencia familiar, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género y no sean o hayan sido personas deudoras alimentarias morosas.
Tras manifestar que un violentador es un delincuente y que no debe premiárseles con cargos, sino que debe sancionárseles, la legisladora indicó que la política y el servicio público necesitan ser dignificados y regresarse a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública.
Agregó que la democracia exige servidoras y servidores públicos honorables. “Quienes nos gobiernan no sólo deben contar con legitimidad política, también deben contar con legitimidad moral”, precisó.
La iniciativa que reforma el tercer párrafo del Artículo 50; el último párrafo del Artículo 58; el vigesimosegundo párrafo del Artículo 62; el tercer párrafo del Artículo 67 y adiciona un tercer y cuarto párrafos y se recorren los subsecuentes, del artículo 18, de la Carta Magna estatal, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
Se adhirieron a la propuesta, las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar, Indira de Jesús Rosales San Román y María Elena Córdova Molina y el diputado Héctor Yunes Landa.
