Ciudad de México. La diputada federal del PAN María Elena Pérez-Jaén presentó esta mañana ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco entre enero de 2019 y agosto de 2021.
También solicitó la destitución e inhabilitación del morenista hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes.
La panista señaló que al ser superior jerárquico de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadano en su gobierno, López Hernández tenía conocimiento de las actividades ilícitas del exfuncionario.
Ello implica la comisión de diversos delitos por el actual coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, como son: tráfico de influencias, “al actuar en su carácter de servidor público promoviendo o gestionando la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, en su administración como gobernador de Tabasco, mismos que pudieron producirle (e incluso hasta la fecha) beneficios económicos o de cualquier otra índole”.
También cohecho, pues en su carácter de servidor público habría solicitado o recibido ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o incluso alguna promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
Igualmente señaló que se incurrió en el delito de encubrimiento al haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas realizadas por su entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y haber prestado auxilio o cooperación de cualquier especie al autor del delito, e incluso, haberlo ayudado a ocultarse, sin dar auxilio a las autoridades correspondientes para la investigación.
Pérez Jaen dijo que presentó su solicitud en calidad de ciudadana y que el próximo jueves volverá a la secretaría general de San Lázaro para ratificarla.
