-Sofía Martínez no logró el respaldo presidencial; en “La Mañanera” el Ejecutivo federal pidió al Consejo de la Judicatura sancionar actos ilícitos de funcionarios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo respetuoso del Poder Judicial del Estado de Veracruz y de las decisiones que seis magistrados tomaron para destituir a la magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta, pues consideró necesario analizar el proceder de los servidores públicos y en caso de existir conductas al margen de la Ley, proceder contra estos.
Con este posicionamiento, la destituida Presidenta del Poder Judicial veracruzano, no logró el respaldo del Presidente de la República, como había solicitado el fin de semana para que el Gobierno Federal volteara sus ojos a Veracruz.
Por el contrario, el Ejecutivo federal se mantuvo en su línea de no intervenir en los poderes autónomos y por el contrario, respaldó las acciones tendientes a sancionar posibles actos de corrupción de los funcionarios públicos, como se le atribuyen a Sofía Martínez Huerta tras imponer en puestos claves a su hijo y a la novia de éste, así como a reclamar cuantiosos pagos en viáticos por hoteles y consumos en restaurantes en los que se daba vida su vástago a cuenta del presupuesto público.
“Lo que planteo es que se tienen que renovar los tres poderes siempre y que tiene que haber autonomía, tiene que haber independencia y al mismo tiempo cada poder tiene que procurar que no haya corrupción, es decir, que no haya corrupción en el Poder Legislativo, que no haya corrupción en el Poder Judicial y que no haya corrupción en el Ejecutivo. Pero eso lo tiene que hacer cada poder”, dijo durante “La Mañanera” de este lunes.
Y se pronunció que al igual que en el Consejo de la Judicatura Federal, el de Veracruz sea el órgano encargado de sancionar a jueces, a magistrados, a ministros por conductas ilegales, así como a revisar el funcionamiento de los servidores públicos.
En ese tenor, se confirmó que el Consejo de la Judicatura ya tomó cartas en el asunto e interpusieron denuncia penal ante probables actos de corrupción atribuibles a la exmagistrada presidenta, con lo que se deja un precedente histórico en el Poder Judicial del Estado, en el que no habrá impunidad ante el abuso de poder y actos ilicitos que comentan los servidores públicos, sin importar su jerarquía.
