Diversas organizaciones de la sociedad civil junto con colectivos, se conjuntaron para formar un nuevo colectivo de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con la finalidad de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, emita el reglamento de la Ley 822, ya que hasta el día de hoy es letra muerta.
«Nos hemos unido diferentes representantes de asociaciones civiles legalmente constituidas y diferentes colectivos del Estado para generar un cambio, así como la paz y el respeto a los derechos humanos», subrayó la encargada del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), Karina Martínez Vera.
Este día las organizaciones Fundación Manos Unidas, Centro Periscopio, Capacidad y Libertad Asociación Veracruzana de Discapacidad, Big Ban Toque Nuevo, Crece Autismo y Discapacidad Intelectual, entre otros lanzaron exhorto al gobierno del Estado para que se reglamente la Ley 822.
Martínez Vera recordó que dicha ley es la ley para la integración de las personas con discapacidad en el Estado, ley que tiene 10 años, pero a la que le hace falta su reglamento, así como el instituto que promueva y defienda los derechos humanos con discapacidad.
Refirió que desde hace siete años iniciaron una lucha contra la discriminación de niños con síndrome de down en el ámbito escolar.
En ese sentido, señaló que la discriminación no es un caso aislado, ocurre con mucha frecuencia y generalmente queda en la impunidad por falta de conocimiento, de alianzas y un sinfín de fallas en el sistema.
Es por ello que también dio a conocer que el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI) firmó dos convenios con colegios de abogados para brindar respaldo y acompañamiento jurídico a todas aquellas personas en la Entidad que hayan vivido una situación de discriminación educativa.
