El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó este lunes la discusión para declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila.
En la sesión de hoy, ocho ministros se pronunciaron a favor de avalar el proyecto a cargo de la ponencia de Luis María Aguilar en el que se considera que la legislación de Coahuila atenta contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.
La acción de inconstitucionalidad 147/2017 fue promovida en su momento por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Actualmente, el artículo 196 del Código Penal de Coahuila establece que ”se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de ella”.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte, indicó que las razones que llevan a abortar a una mujer, las condiciones de insalubridad y clandestinidad en que algunas se ven forzadas a hacerlo, las secuelas, la criminalización de las que son objeto o la obligación de llevar un embarazo no deseado, producen un dolor humano inimaginable.
Aseveró que las mujeres y niñas que viven en condiciones de marginación económica y social son las más afectadas con la criminalización del aborto.
“El tipo de aborto castiga a las mujeres más pobres más marginadas, olvidadas y discriminadas de este país, es un delito que en los hechos castiga a la pobreza”, dijo.
Nos corresponde como Tribunal reconocer de una vez por todas el derecho fundamental a la interrupción del embarazo y darle plena efectividad (…) hacerlo es una exigencia constitucional básica impostergable, cimentada en la dignidad y libertad de todas las mujeres que nuestra Constitución protege”
Durante la exposición del proyecto, el ministro Luis María Aguilar indicó que las tipificación del aborto como un delito genera un estereotipo de delincuente y propicia con ello imposiciones, transgresiones y discriminación sobre su libertad y sus derechos.
“Someto a su consideración la oportunidad para que este país y este Tribunal defiendan los derechos de la mujer y de las personas con la capacidad de gestar para tomar la decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no ser madre sin que pese sobre ella una sanción penal de cualquier tipo por benigna que parezca”, expresó.
Al discutir el proyecto, el ministro Javier Laynez Potisek aseveró que criminalizar y enviar a prisión a una mujer que interrumpe su embarazo es violencia de género y eso está prohibido por la Constitución de México.
La ministra Norma Piña aseguró que el Estado no sólo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que eso sea posible.
“Sencillamente, conforme a un Estado laico, la defensa y autonomía y privacidad de las mujeres debe ser incondicional de acuerdo con su plan de vida y de presumir que su decisión es racional, deliberada y autónoma”, mencionó.
