-Familias exigen una sanción ejemplar para los policías y para capturar a los exelementos de la SSP que aún se encuentran prófugos
Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver
Luego de la desaparición forzada de cinco jóvenes del municipio de Actopan, en el 2013, la Fiscalía General del Estado ejecutó orden de aprehensión en contra de uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que permanecía activo.
En conferencia de prensa, en plaza Lerdo, integrantes del colectivo «Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz», recordaron que José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez, junto con otros tres jóvenes, fueron intervenidos por elementos de la SSP, entre los municipios de Actopan y Xalapa, hace 9 años.
Supuestamente tras su detención habían sido trasladados al cuartel de San José, en esta capital, pero nunca llegaron, por lo que desde ese momento y hasta ahí se desconoce su suerte y paradero.
Anaís Palacios, activista y defensora de los derechos humanos, señaló que la desaparición de esos cinco jóvenes representa un delito de lesa humanidad, se traducen en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Fue ahí donde comentó que este miércoles, después de la persistencia de las familias, la labor realizada por la Fiscalía y la cooperación de la Secretaría de Seguridad Pública, se ejecutó orden de aprehensión en contra de uno de los elementos que permanecían activo.
Asimismo, bajo el contexto generalizado de impunidad el grupo «Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz», llamó a las autoridades a garantizar todos los derechos e invertir todos los recursos institucionales para lograr una sanción ejemplar para los policías y para capturar a los exelementos de la SSP que aún se encuentran prófugos.
Asimismo, a no mediar más plazos ni imponer la carga de la prueba las familias, pero también que el gobierno del Estado disponga los recursos, la información y los medios necesarios para que ese delito sea investigado y sancionado y se garantice su no repetición, además de que se garantice la búsqueda y localización de los jóvenes desaparecidos.
Refirió el informe rendido al «Comité contra las desapariciones forzadas por el Estado Mexicano», donde se reconoce que existen 36 sentencias penales por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, cifra que no corresponde con la magnitud de las desapariciones, es decir, 100 mil 100 casos registrados hasta el día de ayer en todo el país.
Por ello, Anaís Palacios resaltó que el caso de la desaparición de cinco jóvenes de Actopan debe ser un caso ejemplar de sanción a los responsables y la investigación de la cadena de mando que se siguió para desaparecer y ocultarles y debe ser una garantía de compromiso llevado a la acción para las familias de estos jóvenes y para los miles de desaparecidos en Veracruz.
