Ángeles González Ceballos
Emiliano Zapata, Ver
La presidenta de la Comisión de Derechos HUmanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, opinó que el contexto de mayor cercanía entre las funciones militares y las civiles para las funciones de seguridad pública, así como ante la discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa y su convencionalidad; problematizan la puesta en práctica de los principios.
Durante el 3er Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos; expresó que en Veracruz, refirió que según el censo 2020, hay más de un millón de personas en hogares indígenas, de estos, 522 mil 999 son mujeres.
Ante otros presidentas y presidentes de organismos defensores de derechos humanos de Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, entre otros, así como especialistas de otros países; destacó la importancia del intercambio valioso que las instituciones de protección, promoción y defensa de la seguridad ciudadana y los derechos humanos con perspectiva de género; conocen y que les permiten ampliar herramientas para atender la seguridad.
Asimismo, para atender con especial énfasis, aspectos como los grupos de atención prioritaria, la justicia restaurativa y los derechos humanos a la reinserción social.
«La seguridad ciudadana esta en proceso de transformación y he aquí por qué nos estamos reuniendo», comentó.
Dijo que desde el enfoque de derechos humanos la seguridad ciudadana se encuentra inmersa en un paradigma mayor como el de la seguridad humana o el de la seguridad vital.
Cuya finalidad es el avance progresivo en el ejercicio de los derechos de las personas con énfasis principalmente en los derechos económicos, sociales y culturales.
En ese sentido, subrayó que la seguridad ciudadana y los agentes que la procuran, alinean los marcos de actuación y enfoque a partir del cual se observan las manifestaciones delictivas y de violaciones a los derechos humanos, con una mirada fuertemente preventiva y de proximidad con la sociedad.
Nashieli Ramírez Hernández, mencionó que en México nos encontramos frente a diversos retos para la instalación de dicho modelo y señaló que el contexto de mayor cercanía entre las funciones militares y las civiles para las funciones de seguridad pública, así como ante la discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa y su convencionalidad; problematizan la puesta en práctica de los principios.
Sostuvo que ninguno de los debates planteados, modelo y evolución de la seguridad ciudadana, división de funciones o bien, incremento en el uso de la prisión como recurso para inhibir conductas delictivas, le es ajeno a ningún país de la región americana.
Indicó que los países que la integran comparten elementos comunes como la falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, que se reflejan en las ciudades en las que se pronuncia la brecha de desigualdad.
Asimismo, los países de la región de América, comparten el territorio en el que se concentran fenómenos globales como la movilidad urbana, se atiende a los humanos que cruzan a pie las fronteras, comprometiendo la seguridad personal de ellos y sus familias.
«Y el estado de Veracruz no es ajeno a este tránsito y a esta movilidad. Por tanto, las estrategias de seguridad ciudadana que no se conciban en el marco de la seguridad vital o, con esa perspectiva; serán ajenas a los grandes retos que impone el contexto regional.
A su vez, los organismos constitucionales autónomos locales y federales, están frente el reto de la actuación institucional y coadyuvar para la materialización de modelos de seguridad, cercanos al enfoque de Derecho», agregó.
